viernes, 20 de enero de 2017


COMENTARIOS SOBRE EL DECRETO 2.680 QUE ESTABLECE LA EXONERACIÓN DEL I.S.L.R. DE LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES DE 6.000 UT. PARA EL EJERCICIO 2016

Nuevamente presento a mis seguidores, algunos comentarios de interés sobre el Decreto antes señalado, muy similar al Decreto 2.266 de fecha 08 de marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.864 del 08 de marzo del mismo año, reimpreso por error material y publicado nuevamente en la Gaceta Oficial N° 40.865 de fecha 09 de marzo de 2016. Sin embargo, por no derogar este último Decreto el anterior, pudiera pensarse que subsisten ambos beneficios para el ejercicio 2016 (Decreto 2.266 por 3.000 UT y el Decreto 2.680 por 6.000 UT), situación que por supuesto no debe ser considerado así.  El ánimo que motiva este análisis, es simplemente para compartir algún punto de vista y generar el debate sobre los mismos.

1. El beneficio fiscal de exoneración aplica para el ejercicio 2016, es decir, para los hechos imponibles sucedió o materializados el 31 de diciembre de 2016. Está claro que el Decreto no señala el beneficio de exoneración para el ejercicio 2017 y siguientes, como ocurrió con el primer Decreto (2.266) que abarcaba dos ejercicios fiscales. Solo está referido a un ejercicio fiscal ya concluido como lo es el año calendario 2016, cuya obligación debe cumplirse, tanto la formal (declaración) como la material (pago) antes del 31 de marzo de 2017, conforme lo exige la disposición Reglamentaria.

Como podemos observar, este beneficio de exoneración se aplica a un ejercicio ya finalizado, lo que representa una retroactividad de la norma nueva a hechos ocurridos antes de su vigencia. Esta afirmación pareciera estar reñida con el principio general de la “irretroactividad” de las normas legales previsto en los artículos 24 de la Constitución Nacional y 8 del Código Orgánico Tributario.

La excepción al principio de la “irretroactividad”, es decir poder aplicar normas nuevas a hechos pasado, solo ocurre cuando se trate de “infracciones y sanciones”, solo en ese caso, se permite aplicar retroactivamente la norma nueva, cuando la sanción establecida en dicha norma, es favorable al sujeto infractor. No existe excepción para otra materia diferente al régimen penal. Aún cuando se trate de beneficios fiscales debe respetarse el principio universal de la “irretroactividad” de las normas.

Estamos claro, que por tratarse de normas que benefician a los sujetos pasivos del ISLR, nos hacemos los indiferentes, pero hasta qué punto esa actitud que asumimos hoy y de la cual estamos conscientes que es ilegal e inconstitucional, sea utilizada mañana para bajo la misma argumentación, cuando nos quieran exigir el cumplimiento de una norma nueva que nos afecta negativamente a situaciones ocurridas en el pasado.

Debo, sin embargo confesarles, que he oído algunas argumentaciones sobre este tema, pero la que más me impactó fue la de considerar la legalidad de la retroactividad de la exoneración, justificándola que beneficiaba a los contribuyentes y por esa razón, se estaba en la excepción al principio de la “irretroactividad”, es decir, esa tesis sostiene entonces, que el pago de impuesto constituye una “sanción” a los sujetos pasivos del ISLR, para poder de esa manera justificar tal situación, ya que como lo establece la norma, la excepción solo aplica en materia de infracciones y sanciones. No hay duda que dicho razonamiento nos remonta a los orígenes de la tributación en la era de los romanos, cuando el pago del impuesto era un castigo por no acatar los normas del príncipe.

2. Está referida la exoneración sobre la Renta Neta de las personas naturales residentes, lo que significa que los ”no residentes” no gozan de la exoneración aquí prevista, tomando en cuenta para la residencia fiscal en el país, lo señalado en los artículos 31 y 32 del Código Orgánico Tributario.

Por otra parte está referido a la Renta Neta (sueldos y salarios, así como el resultado de Ingresos menos costos y gastos) tanto los asalariados, como los que se encuentran en el libre ejercicio profesional, extendiéndose inclusive a los que poseen rentas mixtas (salarios e ingresos brutos).

3. Está circunscrita la exoneración sobre los Enriquecimiento Netos de Fuente Territorial, no los provenientes de rentas extraterritoriales. Para los casos de personas naturales residentes que posean Rentas Extranjeras y Nacionales, cuando determinan sus rentas Nacionales podrán conciliar como no gravables 6.000 UT (1.062.000,00) y declararlas como exoneradas para ese tipo de rentas.

4. La base para la obligación de la declaración se mantiene en 1.000 U.T, Renta Neta o 1.500 para los que manejen ingresos brutos; lo que varía es, que si la renta neta anual de un asalariado es superior a Bs. 177.000,00 durante el ejercicio 2016, pero igual o inferior Bs. 1.062.000,00, está obligado a declarar por haber superado las 1.000 UT, pero sus rentas están totalmente exoneradas del ISLR.

En caso de superar los 450.000,00 como renta neta del ejercicio 2016, declarará dos tipos de rentas obtenidas en el ejercicio, Renta Neta Exonerada por Bs. 1.062.000,00 y Renta Neta Gravable por la diferencia que supere dicha cantidad.

Igual situación para los sujetos que obtienen ingresos brutos, es decir, no asalariados exclusivos, si su Renta Neta del ejercicio es igual o inferior a 265.500,00 (1.500 UT), está obligado a declarar pero sólo Rentas Netas Exoneradas, no genera pago de impuesto. En caso que supere esta cantidad, si deberá declarar las dos Rentas Netas y determinar si paga o no ISLR.

5. No tienen derecho a la exoneración, los contribuyentes que presenten la declaración y/o el pago con posterioridad al viernes 31 de marzo de 2016.

6. Se debe esperar las indicaciones del SENIAT, referidas a los contribuyentes que efectuaron pagos de impuestos sin tomar en consideración la exoneración prevista en el Decreto que comentamos. Debe indicarse los mecanismos para la devolución o como ocurrió el año pasado para tenerlo como un crédito fiscal cedible o descontable en las futuras declaraciones.

A continuación transcribo íntegramente el Decreto 2.680, aquí comentado. Nos encontramos en una próxima oportunidad.

Decreto N° 2.680 Exonera Del Islr Las Rentas Netas Territorial De Las Personas Naturales Residentes En El País Hasta Por Un Monto En Bolívares Equivalente A 6.000 U.T. Para El Ejercicio 2016
(Gaceta Oficial Nº 41.077 del 18 de enero de 2017)
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Decreto Nº 2.680                                                                              17 de enero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículos 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 195 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta concatenado con el artículo 3° del Decreto N° 2.667 de fecha 13 de enero de 2017 mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Revolucionario, se enfrenta en los actuales momentos a una feroz guerra librada por factores internos y externos que persiguen el deterioro de la economía y el debilitamiento del poder adquisitivo de la población, por lo que se hace necesario adoptar las medidas suficientes que permitan garantizar a los venezolanos y venezolanas, el acceso a los bienes y servicios suficientes para la satisfacción de sus necesidades,

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional, fundamenta su política fiscal en los principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, con la finalidad de generar los ingresos suficientes que permitan ejecutar las políticas públicas, con especial énfasis en el ámbito social, procurando especialmente la protección de las familias más vulnerables y el estímulo a la clase media trabajadora,

CONSIDERANDO

Que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé en sus objetivos estratégicos y generales el mejoramiento y la promoción de la eficiencia de la gestión fiscal del sector público, a los fines de generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto económico y social de la política fiscal; lo que se traduce en mayores Ingresos y consecuentemente, en óptima ejecución de los planes y proyectos destinados a atender las necesidades sociales de los venezolanos y venezolanas, sin afectar el ingreso de los asalariados y asalariadas destinado a la vida digna y el buen vivir de sus familias.

DECRETO

Artículo 1º. Se exonera del pago del impuesto sobre la renta, el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país, hasta por un monto en Bolívares equivalente a Seis Mil Unidades Tributarias (6.000 U.T.).

Las personas naturales residentes en el país están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre la renta respecto de la porción de enriquecimiento neto anual de fuente territorial que supere el monto de Bolívares indicado en el encabezamiento de este artículo.

Artículo 2º. La exoneración prevista en este Decreto se aplicará respecto de los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial, obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016.

Artículo 3º. Los contribuyentes que, estando comprendidos en el supuesto de exoneración previsto en el artículo 1°, hubieren declarado y pagado el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016 antes de la entrada en vigencia de este Decreto, tendrán a su favor un crédito fiscal equivalente al monto pagado, hasta la concurrencia de la cantidad exonerada. Dicho crédito fiscal, podrá ser cedido o aplicado a los ejercicios fiscales posteriores.

Artículo 4º. La exoneración a que se refiere este Decreto, no aplicará a los contribuyentes que presenten la declaración definitiva de rentas fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias.

Artículo 5º. El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Artículo 6º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecisiete. Años 206° de la independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADUROS MOROS


Refrendado

miércoles, 18 de enero de 2017


PROVIDENCIA Nº SNAT/2017/0002 SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CALIFICADAS COMO SUJETOS PASIVOS ESPECIALES DE PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DEL PATRIMONIO
(G.O. N° 41.075 del 16/01/2017)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

SNAT/2017/0002                                                                   Caracas 16 de enero de 2017


El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercicio de las atribuciones conferidas en artículo 4, numerales 1,8,10 y 47 y el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CALIFICADAS COMO SUJETOS PASIVOS ESPECIALES DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL PATRIMONIO

Artículo 1°. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer la obligación de presentar Declaración Informativa del Patrimonio para las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales.

Artículo 2°. A los efectos de esta Providencia Administrativa, se entiende por patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico.

Artículo 3°. Los sujetos pasivos señalados en el artículo 1, deberán presentar la Declaración Informativa del Patrimonio, cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa.

Artículo 4°. A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por Portal Fiscal la página Web http:/www.seniat.gob.ve o cualquiera otra que sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

Artículo 5°. Los sujetos pasivos que no cumplan con las presente Providencia Administrativa, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.

Artículo 6°. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,


JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria Decreto Nº 5.851 de fecha 01/02/2008
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.863 de fecha 01/02/2008

lunes, 19 de diciembre de 2016

PROVIDENCIA N° 0122 SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES FORMALES EN LA FACTURACIÓN PARA EL CASO DE LA REBAJA DE LA ALÍCUOTA AL 10% POR PAGO ELECTRÓNICO DE LOS CONSUMIDORES FINALES
(G.O. 41.052 de Fecha 14/12/16)
_______________________________________________________________________

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

SNAT/2016/0122

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 4, numerales 1, 8, 33, y 47 y el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. ‘publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014; de conformidad con el artículo 3 del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela N° 6.256 Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se decretó el Estado de Emergencia de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 2.548 por sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.272 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2016, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FORMALIDADES PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS, DECLARACIÓN Y PAGO POR LAS VENTAS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS A PERSONAS NATURALES QUE SEAN CONSUMIDORES FINALES, GRAVADAS CON LA ALÍCUOTA IMPOSITIVA GENERAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL DIEZ POR CIENTO (10%).

Artículo 1°. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las formalidades para la emisión de la factura, declaración y pago del impuesto al valor agregado, que deben cumplir los sujetos pasivos que realicen ventas de bienes corporales y presten servicios a personas naturales que sean consumidores finales hasta por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00), gravadas con la alícuota impositiva general del impuesto al Valor Agregado del diez por ciento (10%), siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

Artículo 2°. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior, además de los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa que regula el Régimen General de Emisión de Facturas y otros Documentos, deberá indicar la alícuota del diez por ciento (10%) del impuesto al valor agregado, cuando el consumidor final cumpla con la condición establecida en el Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 3°. Los sujetos pasivos podrán continuar utilizando el medio de emisión de factura que hayan adoptado o que estén obligados a utilizar, siempre y cuando el mismo se pueda adecuar a los requisitos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 4°. En caso que no sea posible la adecuación de la máquina fiscal, deben utilizar formatos elaborados por imprentas autorizadas, el cual debe reflejar la alícuota del impuesto al valor agregado aplicable por las operaciones señaladas en el artículo 2° de esta Providencia Administrativas, indicando en forma mecánica o manual que se realiza conforme al Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 5°. Los sujetos pasivos obligados a cumplir con las formalidades establecidas en esta Providencia Administrativa, deben presentar la declaración y pago del impuesto al valor agregado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas a través del Portal Fiscal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, deben adaptar los modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para incluir la rebaja de la alícuota, dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa.

De igual manera, los sujetos pasivos deben solicitar la adaptación de las Máquinas Fiscales a sus Proveedores o fabricantes autorizados por este Servicio, dentro del plazo establecido en esta Disposición Transitoria.

SEGUNDA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, cuyos modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria no tengan la capacidad técnica para ser adaptados, deberán notificarlo por escrito, especificando los motivos ante la Gerencia de Fiscalización de este Servicio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria deberá publicar en su portal fiscal una lista de los modelos que no puedan adecuarse técnicamente a lo establecido en la presente Providencia Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por Portal Fiscal la página Web htto://www.seniat.aob.ve o cualquiera otra que sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

SEGUNDA. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela.


Comuníquese y publíquese.

DECRETO 2.602 REBAJA DE LA ALÍCUOTA GENERAL AL 10% PARA VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS MENORES A Bs. 200.000,00 A CONSUMIDORES FINALES QUE PAGUEN DE FORMA ELECTRÓNICA
(G.O. 41.052 de Fecha 14/12/16)
____________________________________________________________

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Decreto N° 2.602

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 eiusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 27 y 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado y de acuerdo a lo preceptuado en Artículo 30 del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 2.548, de fecha 13 de noviembre de 2016, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO No 34 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA QUE ESTABLECE LA ALÍCUOTA IMPOSITIVA GENERAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICABLE A LAS OPERACIONES PAGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 1°. Las ventas de bienes muebles y prestación de servicios efectuadas a personas naturales que sean consumidores finales, hasta por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00), serán gravadas con la alícuota impositiva general del impuesto al Valor Agregado del diez por ciento (10%), siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

Cuando las referidas operaciones sean pagadas a través de medios no electrónicos, se aplicará la alícuota general impositiva prevista en el Artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 2°. La rebaja de la alícuota a que se refiere este Decreto, no aplicará cuando la modalidad de pago electrónico coexista con alguna otra forma de pago.

Artículo 3°. Están excluidas de la rebaja de la alícuota establecida en este Decreto, las siguientes operaciones:

1. La adquisición de bienes y servicios con el impuesto al valor agregado percibido.
2. Las importaciones definitivas de bienes muebles.
3. La adquisición de metales y piedras preciosas, se entiende como metales y piedras preciosas los siguientes bienes: oro, incluido oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo; la plata; el platino, el cual abarca el iridio, osmio, el paladino, el rodio y el rutenio; las aleaciones de metales preciosos; las piedras preciosas; y el diamante, incluso trabajado, sin montar ni engarzar, sin ensartar o sin clasificar.

Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), estará encargado de la ejecución de este Decreto.

Artículo 5°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de los diez (10) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá una vigencia de noventa (90) días.


Dado en Caracas, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.

domingo, 13 de noviembre de 2016

CALENDARIO 2017 DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES INCUMPLE EXIGENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela identificada con el número 41.026 de fecha 08 de noviembre de 2016, se publicó la Providencia Administrativa N° SNAT/2016/0098, emitida por el SENIAT, en la que se fija el calendario de las obligaciones tributarias que regirá durante el año civil 2017, en materia de Impuesto sobre la renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar (IAJEA).
Señala la referida Providencia, que las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el SENIAT, deberán ser presentadas y en su caso, efectuados los respectivos pagos, según el último dígito del número de R.I.F, en las fechas de vencimiento del calendario que se presenta en dicho instrumento.

Llama la atención, que para los contribuyentes que tienen definido un ejercicio económico coincidente con el año calendario (enero-diciembre), cuyos número de RIF culminan en 1 y 2; 4 y 8; 0 y 5 deben presentar la declaración de Impuesto sobre la Renta y efectuar el pago correspondiente, en caso de ser procedente, los días 31 de enero, 16 de febrero y 09 de marzo respectivamente, tal y como lo dispone el artículo 1 literal “g”. Esta exigencia normativa incumple con el presupuesto legal establecido en el artículo 41 (primer aparte) del Código Orgánico Tributario vigente, lo que conlleva a realiza una modificación de dicho calendario o insistir en su ilegalidad.

Veamos lo señalado en el artículo 41 del Código antes referido:
El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la Ley o su reglamentación establezcan lo contrario. Los pagos realizados fuera de esta fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y generarán los intereses moratorios previstos en el artículo 66 de este Código.
La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de los tributos, con carácter general para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder de quince (15) días hábiles.

Exige la norma antes transcrita, que la diferencia entre los días para los dos grupos de contribuyentes y responsables, no podrá exceder de quince (15) días hábiles, es decir, entre los sujetos pasivos no especiales y los designados como especiales, el SENIAT no podrá establecer entre ellos, fechas de cumplimientos de obligaciones (formales y materiales) con diferencias superiores a quince (15) días hábiles. La fecha para el grupo de sujetos especiales no podrá ser superior o inferior (el legislador no distingue) a quince (15) días hábiles en comparación con el lapso legal o reglamentario para el resto de los sujetos pasivos.

Así tenemos, lo señalado en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuando establece:

Artículo 146. Las declaraciones de rentas definitivas deberán ser presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable del contribuyente, ello sin perjuicio de las prórrogas que otorgue la Administración Tributaria.
Parágrafo Único. Los plazos legales y reglamentarios se contarán de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.
 La norma reglamentaria otorga un plazo de tres (3) meses una vez culminado el ejercicio del sujeto pasivo, para cumplir con la obligación formal de presentar la declaración anual de sus rentas, es por ellos que para la mayoría de los contribuyentes, el plazo vence el 31 de marzo de cada año, salvo la prórroga legal que ordena el artículo 10 del Código Orgánico Tributario cuando ese lapso vence un día inhábil.

Observamos con claridad, que para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que tienen un ejercicio civil regular (enero-diciembre), el viernes 31 de marzo de 2017, vence el plazo para cumplir con dicha obligación. Este plazo es el que puede ser modificado por el SENIAT cumpliendo con las exigencias descritas en el artículo 41 del Código, dentro de esas exigencias nos encontramos que para el grupo de sujetos pasivos definidos como especiales por la Administración Tributaria, la reducción o ampliación del plazo reglamentario anterior no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Para el caso que nos ocupa, la reducción del plazo para la exigencia de la declaración y pago del Impuesto sobre la Renta de los contribuyentes especiales cuyos números del RIF terminan en 1 y 2; 4 y 8; 0 y 5, se extralimita en el cumplimiento de dicha exigencia, al sobrepasar con crese el límite temporal determinado por el Código. Cuando la Providencia exige que para esos contribuyentes la declaración y pago debe realizarse el 31 de enero y 16 de febrero, dicha reducción del plazo reglamentario supera los quince (15) días hábiles establecidos como límite a las facultades del SENIAT.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 1 y 2, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 31 de enero, se extiende a cuarenta y un (41) día hábiles.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 4 y 8, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 16 de febrero, se extiende a veintinueve (29) día hábiles.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 0 y 5, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 09 de marzo, se extiende a dieciséis (16) día hábiles

De esta descripción se puede apreciar el incumplimiento por parte del SENIAT en la emisión y publicación de la Providencia Administrativa 0098, lo que amerita una nueva publicación corrigiendo y adaptándose a los plazos exigidos por el Código Orgánico Tributario, para estos contribuyentes calificados como especiales.


Con el presente artículo, busco iniciar un debate sobre los hechos aquí nardos y despertar el interés sobre los diferentes temas tributarios. Nos constatamos en los próximos días.

martes, 5 de julio de 2016





RATIFICACIÓN DEL CRITERIO DEL SALARIO NORMAL COMO BASE DE CÁLCULO DEL ISLR DE LOS ASALARIADOS

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano                                    

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, acaba de ratifica una vez más, el criterio sostenido por ella en la sentencia 301 de fecha 27 de febrero de 2007 y aclarada en sendas sentencia en los años 2007 y 2008, referido a la base de cálculo del impuesto sobre la renta de las personas naturales asalariadas, conformada por el “salario normal” del trabajador, excluyendo las remuneraciones accidentales y demás estipendios que no revisan carácter salarial.

En efecto, en la sentencia 0499 del 30 de junio de 2016 (Expediente 15-0161), se resuelve un recurso de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 numeral 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En esta oportunidad, los solicitantes plantean una duda en cuanto a la aplicación o concurrencia de los artículos 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2014 (Derogada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta en la Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinaria del 30 de diciembre de 2015 conservando el mismo contenido del artículo 31) y 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012.

Se fundamentan los solicitantes del recurso de interpretación, en el hecho que la reforma del impuesto sobre la renta de 2014, particularmente lo correspondiente al artículo 31 del texto legal, que define como base imponible de los contribuyentes asalariados, toda contraprestación o utilidad, regular o accidental, derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial. Esta nueva redacción colide a su juicio, con lo establecido en los artículos 104, segundo aparte, y 107 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras de 2012, y adicionalmente contradicen los argumentos establecidos en la Sentencia 301 del 27 de febrero de 2007, la cual tiene carácter vinculante.

En este sentido, la Sala Constitucional en la sentencia 0499 antes identificada, precisa que la interpretación constitucional dictada por ella en la sentencia 301 del 27 de febrero de 2007, se adecúa al supuesto normativo previsto en los artículos 104, segundo aparte, y 107 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras de 2012, toda vez que dicha norma fue concebida por el legislador en los mismos términos que había sido redactada en los Parágrafos Segundo y Cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, respecto al cálculo de las contribuciones, tasas o impuestos sobre la base del “salario normal” correspondiente al mes anterior aquél en que se causó.

La Sala Constitucional ratifica el alcance del contenido del artículo 31 de la Ley de impuesto sobre la renta y confirma, que el mismo debe ser interpretado de manera vinculante de acuerdo a los parámetros señalando en la sentencia 301 del 27 de febrero de 2007, en tal sentido se mantiene el criterio de interpretación asentado en el referido fallo, investido -por demás- de la autoridad de la cosa juzgada.

Siguiendo entonces con lo ratificado por esta sentencia 0499 del 30 de junio de 2016, la renta neta a declarar por las personas naturales asalariadas estará constituida por el “salario normal”, entendiendo por éste, la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio; quedando excluidos del salario normal: i) las percepciones de carácter accidental, ii) las derivadas de la prestación de antigüedad y iii) las que la Ley considere que no tienen carácter salarial.

Otro elemento importante que ratifica dicha sentencia, es lo concerniente a lo señalado en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras de 2012. En él se fija nuevamente los parámetros cuantitativos que debe tomarse en cuenta para calcular los diferentes tributos (impuestos, tasas o contribuciones) de los trabajadores dependientes, sean estos tributos nacionales, estadales o municipales. Cuando el trabajador esté obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará el tributo, considerando el “salario normal” correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.

Aplicando esta última tesis al impuesto sobre la renta, las personas asalariadas deberán tomar como referencia para las remuneraciones a declarar en el ejercicio, el “salario normal” devengado en el mes de noviembre, el cual constituye el mes inmediatamente anterior al momento de causación del impuesto, que no es más que el 31 de diciembre. Debiendo excluir del mes de noviembre las retribuciones accidentales, las prestaciones de antigüedad y las que no revistan carácter salarial recibidas en dicho mes. Determinado el monto, se multiplica por 12 meses que conforma su ejercicio fiscal. El resultado será la renta neta a declarar para el ejercicio correspondiente.

Adicionalmente, para estos ejercicio 2015 y 2016 debe excluirse las rentas exoneradas, las cuales están representada por las 3.000 UT conforme al Decreto N° 2.266 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.864 de fecha 08/03/2016. Para el ejercicio 2015, representaban la suma de Bs. 450.000,00 y para el ejercicio 2016 será la suma de Bs. 531.000,00.

De acuerdo a este análisis, no me queda la menor duda que los contribuyentes deben presentar declaración sustitutiva para el ejercicio 2015, en caso de haber incluido dentro de sus remuneraciones, estipendios accidentales o que no revestían carácter salarial, por efectos de la sentencia 0499 del 30 de junio de 2016. No debe interpretarse que la ratificación del Tribunal Supremo tiene efectos para el 2016 en adelante, recordemos que esta sentencia está ratificando un criterio que se plasmó como vinculante desde el año 2007, aplicable a a partir del ejercicio 2008.

Tal y como lo manifesté en mi publicación titulada “Disputa entre poderes en la nueva reforma del impuesto sobre la renta a la luz de las personas asalariadas” de fecha 14 de diciembre de 2014, esperaba este pronunciamiento por parte del Máximo Tribunal en el año 2015, inclusive pronunciándose sin necesidad de interposición de ninguna acción por parte de los particulares, ya que evidentemente el Decreto-Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta desacataba el criterio vinculante de la sentencia 301 del 27 de febrero de 2007 que interpretaba el artículo 31 de dicha ley.

Sin embargo, llegó en este mes de junio 2016, planteando contundentemente la posición asumida sin variación alguna, lo que ratifica la certeza y confianza legítima como principios que dan seguridad jurídica a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria

Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad, donde abordemos otro tema de actualidad en materia tributaria.

miércoles, 9 de marzo de 2016

COMENTARIOS SOBRE EL DECRETO 2.266 QUE ESTABLECE LA EXONERACIÓN DEL ISLR DE LAS PERSONAS NATURALES  RESIDENTES DE 3.000 UT.

Presento algunos comentarios de interés sobre el Decreto antes identificado. El ánimo que motiva este análisis, es simplemente para compartir algún punto de vista y generar el debate sobre el mismo.

1. El beneficio fiscal de exoneración aplica para el ejercicio 2015 , cuyo hecho imponible sucedió el 31 de diciembre de 2015, pero que se hace exigible el 31 de marzo de 2016, conforme lo estatuye el Reglamento General de la Ley. Este beneficio de exoneración se aplica a un ejercicio ya finalizado, lo que representa una retroactividad de la norma nueva a hechos ocurridos antes de su vigencia. Esta afirmación pareciera estar reñida con el principio general de la irretroactividad de las normas legales previsto en los artículos 24 de la Constitución y 8 del Código Orgánico Tributario.

La excepción al principio de irretroactividad, es decir puede aplicarse la norma nueva a hechos pasado, solo cuando se trate de infracciones y sanciones, se permite aplicar retroactivamente cuando la sanción es favorable al sujeto infractor. No existe excepción para otra materia diferente al régimen penal. Aún cuando se trate de beneficios fiscales debe respetarse la irretroactividad de las normas.

2. Está referida la exoneración sobre la Renta Neta de las personas naturales residentes, lo que significa que los no residentes no gozan de la exoneración aquí prevista, tomando en cuenta para la residencia fiscal en el país lo señalado en los artículos 31 y 32 del Código.

Por otra parte está referido a la Renta Neta (sueldos y salarios;  Ingresos menos costos y gastos) tanto los asalariados, los que se encuentran en el libre ejercicio profesional e inclusive lo que poseen rentas mixtas.

3. Está circunscrita la exoneración sobre la Renta Neta de fuente Territorial, no la proveniente del exterior.

4. La base para la obligación de la declaración se mantiene en 1.000 UT, Renta Neta o 1.500 para los que manejen ingresos brutos; lo que varía es, que si la renta neta de un asalariado es superior a Bs. 150.000,00 durante el ejercicio 2015, pero igual o inferior Bs. 450.000,00, está obligado a declarar por haber superado las 1.000 UT, pero sus rentas están totalmente exoneradas del ISLR.

En caso de superar los 450.000,00 como renta neta del ejercicio 2015, declarará dos tipos de rentas obtenidas en el ejercicio, renta neta exoneradas por Bs. 450.000,00 y renta neta gravable por la diferencia que supere dicha cantidad.

5. No tienen derecho a la exoneración, los contribuyentes que presenten la declaración y/o el pago con posterioridad al 31 de marzo de 2015 ó 2016.

6. Debe presentarse una modificación en el mes de marzo o posteriormente, de la declaración estimada de las personas naturales asalariadas para recalcular el porcentaje de retención por parte del patrono. Debe indicarse en el ARI ahora una parte de renta exonerada sobre la cual no debe efectuarse retención y estimar sobre el excedente de la cantidad exoneradas.

7. El beneficio de exoneración aplica para los ejercicio 2015 y 2016.

Por último, debemos esperar las indicaciones del SENIAT, referidas a los contribuyentes que efectuaron pagos de impuestos sin  tomar en consideración la exoneración prevista en el Decreto que comentamos. Debe indicarse los mecanismos para la devolución en el último semestre de este año o la posibilidad de rebajarlo para ejercicio futuros, tal y como fue indicado por el Jefe del Estado.

Dentro de los mecanismos puede estar la posibilidad de presentar declaración sustitutiva o anular declaraciones a los efectos de revertir lo realizados sin tomar en cuenta este Decreto de exoneración.

De esta manera espero haber despertado nuevamente su interese para la discusión.



DECRETO NO 2.266 SE EXONERA DEL PAGO DEL ISLR LOS ENRIQUECIMIENTO NETO ANUAL DE FUENTE TERRITORIAL OBTENIDO POR LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL PAÍS, HASTA POR UN MONTO EN BOLÍVARES EQUIVALENTE A 3.000 U.T.
(Gaceta Oficial Nº 40.864 de fecha 08/03/2016)
____________________________________________________________________
Decreto 2.266                                                                                   08 de marzo de 2016
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

DECRETO
Artículo 1º
Se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país hasta por un monto en bolívares equivalente a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

Las personas naturales residentes en el país están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre la renta, respecto de la porción de enriquecimiento neto anual de fuente territorial que supere el monto en bolívares indicado en el encabezamiento de este artículo.

Artículo 2º
La exoneración prevista en este Decreto, se aplicará respecto de los enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país, durante el ejercicio fiscal 2015 y los que se obtuvieren durante 2016.

Artículo 3º
La exoneración a que se refiere este Decreto, no aplicará a los contribuyentes que presenten la declaración definitiva de rentas fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias.

Artículo 4º
Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5º
El Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas queda encargado de la ejecución de este Decreto.


Dado en Caracas a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Años 205º de la Independencia, 157º  de la Federación y 17º de la Revolución Bolivariana.

miércoles, 6 de enero de 2016


Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)
 GORBV Nº 6.210 Extraor. del 30/12/15

CAPÍTULO I
DEL IMPUESTO Y SU OBJETO
Artículo 1
Objeto
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la creación de un impuesto que grava las grandes transacciones financieras, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 2
Competencia
La administración, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, corresponde al Poder Público Nacional.

CAPÍTULO II
DEL IMPUESTO
Artículo 3
Hecho Imponible
Constituyen hechos imponibles de este impuesto:

1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras.

2. La cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable, a partir del segundo endoso.

3. La adquisición de cheques de gerencia en efectivo.

4. Las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras, entre ellas mismas, y que tengan plazos no inferiores de dos 02 días hábiles bancarios.

5. La transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aún cuando no exista un desembolso a través de una cuenta.

6. La cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero, por el pago u otro medio de extinción.

7. Los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados, no operados por el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos.

8. Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos.

Artículo 4
Sujetos Pasivos
Son contribuyentes de este impuesto:

1. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujeto pasivo especial, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras.

2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujeto pasivo especial, por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas

3. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.

4. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, que sin estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, realicen pagos por cuenta de ellas, con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.

Artículo 5
Obligación del pago del impuesto
La obligación de pagar el impuesto subsistirá aunque el registro del débito origine la cancelación de la cuenta o deuda correspondiente, en cuyo caso tal cancelación sólo podrá hacerse previo pago del impuesto respectivo.

Artículo 6
Sistemas Organizados de Pagos
El Banco Central de Venezuela y los regentes de los sistemas organizados de pago, incluido el Sistema Nacional de Pagos, se abstendrán de procesar transferencias o cargos en cuentas en los que no se ordene simultánea y preferentemente la liquidación y pago del impuesto que recaiga sobre tales operaciones.

Artículo 7
Los Agentes de Retención o Percepción
La Administración Tributaria podrá designar agentes de retención o percepción del impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a quienes intervengan en actos u operaciones en las cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona la retención o percepción del impuesto aquí previsto.

CAPÍTULO III
DE LAS EXENCIONES
Artículo 8
Exenciones
Están exentos del pago de este impuesto:

1. La República y demás entes políticos territoriales.

2. Las entidades de carácter público con o sin fines empresariales, calificadas como sujetos pasivos especiales.

3. El Banco Central de Venezuela.

4. El primer endoso que se realice en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable.

5. Los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y de los títulos negociados en la bolsa agrícola y la bolsa de valores.

6. Las operaciones de transferencias de fondos que realice el o la titular entre sus cuentas, en bancos o instituciones financieras constituidas y domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Esta exención no se aplica a las cuentas con más de un o una titular.

7. Los débitos en cuentas corrientes de misiones diplomáticas o consulares y de sus funcionarios extranjeros o funcionarias extranjeras acreditados o acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela.

8. Los débitos en cuenta por transferencias o emisión de cheques personales o de gerencia para el pago de tributos cuyo beneficiario sea el Tesoro Nacional.

9. Los débitos o retiros realizados en las cuentas de la Cámara de Compensación Bancaria, las cuentas de compensación de tarjetas de crédito, las cuentas de corresponsalía nacional y las cuentas operativas compensadoras de la banca.

10. La compra-venta de efectivo en la cuenta única mantenida en el Banco Central de Venezuela, por los Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Artículo 9
Pagos derivados de la relación de trabajo
En los casos de cuentas bancarias abiertas para el pago de nómina de salarios, jubilaciones, pensiones y demás remuneraciones similares derivadas de una relación de trabajo actual o anterior, los deudores o deudoras, pagadores o pagadoras, no podrán trasladar a los trabajadores o trabajadoras, jubilados o jubiladas, pensionados o pensionadas, el monto del impuesto que soporten al pagar dichas contraprestaciones.

Artículo 10
Temporalidad
Se entienden ocurridos los hechos imponibles y nacida, en consecuencia, la obligación tributaria el momento en que se efectúe el débito en la cuenta o se cancele la deuda, según sea el caso.

Artículo 11
Territorialidad
El débito en cuentas bancarias o la cancelación de deudas, estará gravado con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, cuando:

1. Alguna de las causas que lo origina ocurre o se sitúa dentro del territorio nacional, incluso en los casos que se trate de prestaciones de servicios generados, contratados, perfeccionados o pagados en el exterior, y aunque el prestador o prestadora del servicio no se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela.

2. Se trate de pagos por la realización de actividades en el exterior vinculadas con la importación de bienes o servicios y los que se obtengan por asistencia técnica o servicios tecnológicos utilizados en el territorio nacional.

3. La actividad que genera el servicio sea desarrollada en el territorio nacional, independientemente del lugar donde éste se utilice.

CAPÍTULO III
DE LA ALÍCUOTA
Artículo 12
Base Imponible
La base imponible estará constituida por el importe total de cada débito en cuenta u operación gravada. En los casos de cheques de gerencia, la base imponible estará constituida por el importe del cheque.

Artículo 13
Alícuota Impositiva
La alícuota de este impuesto es cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%). El Ejecutivo Nacional mediante decreto, podrá reducir la alícuota aquí prevista, de conformidad con el código que rige la materia

Artículo 14
Obligación Tributaria
El monto de la obligación tributaria a pagar será el que resulte de multiplicar la alícuota impositiva establecida en el artículo anterior, por la base imponible.

Artículo 15
Período Impositivo
El impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será determinado por períodos de imposición de un día.

CAPÍTULO V
DE LA DECLARACIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 16
De la Declaración y el Pago
Los contribuyentes y los responsables, según el caso, deben declarar y pagar el impuesto previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, conforme a las siguientes reglas:

1. Cada día, el impuesto que recae sobre los débitos efectuados en cuentas de bancos u otras instituciones financieras.

2. Conforme al Calendario de Pagos de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado para Contribuyentes Especiales, el impuesto que recae sobre la cancelación de deudas mediante el pago u otros mecanismos de extinción, sin mediación de bancos u otras instituciones financieras.
               
La declaración y pago del impuesto previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley debe efectuarse, en el lugar, forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria Nacional mediante Providencia de carácter general.

Artículo 17
Transferencia de Fondos
Los impuestos pagados o enterados conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en calidad de contribuyente, de agente de retención o de percepción, serán transferidos el mismo día de su recepción, por las entidades receptoras de Fondos Nacionales, a la cuenta que a tal efecto señale el Ministerio con competencia en materia de finanzas, a través de la Oficina Nacional del Tesoro.

La Administración Tributaria Nacional dictará, mediante Providencia Administrativa de carácter general, las normas necesarias para el control bancario de la recaudación de este impuesto.

Artículo 18
De la indeducibilidad del impuesto
El impuesto previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley no será deducible del Impuesto Sobre la Renta.

CAPÍTULO VI
DEBERES FORMALES
Artículo 19
Obligación de Suministro de Información
Los sujetos pasivos del impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deben mantener y entregar a la Administración Tributaria Nacional, cuando ésta lo requiera, reportes detallados de las cuentas bancarias o contables, según corresponda, en los cuales se refleje el monto del impuesto pagado o retenido, si fuere el caso; ello sin perjuicio de los registros y demás procesos bancarios establecidos para el adecuado control del impuesto previsto en esta Ley.

Artículo 20
Forma de las Declaraciones
Las declaraciones que se requieran, conforme a las Providencias que al efecto dicte la Administración Tributaria Nacional, deberán ser elaboradas en los formularios y bajo las especificaciones técnicas publicadas por ésta en su Portal Fiscal.

Artículo 21
Registro de Débito
El impuesto causado en virtud del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá registrarse como débito en la cuenta bancaria respectiva. En los casos que no se trate de débitos en cuenta bancaria será registrado en cuentas de orden.

Artículo 22.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia a partir del primero de febrero de dos mil dieciséis (2016).