domingo, 14 de diciembre de 2014


DISPUTA ENTRE PODERES EN LA NUEVA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA LUZ DE LAS PERSONAS ASALARIADAS

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

Hoy abordaremos un tema de actualidad, que nos trae la modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) de acuerdo a la publicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.152 del 18 de noviembre de 2014, enfocado a la definición de la base imponible o base de cálculo que deben considerar las personas naturales dependiente exclusivamente de sueldos y salarios, ya sean del sector público o privado de nuestra economía.

El único denuedo que me motiva a presentar esta opinión, es estrictamente técnico-académico, en ningún momento debe considerarse el aspecto político como fundamento en los diferentes planteamientos desarrollados en el presente trabajo. Las conclusiones a las que puedo llegar, siempre estarán enfocadas a traer a la discusión y al debate de los conocedores de la materia, y a los que no lo son, para comprometerlos en dar su sabias apreciaciones sobre los temas que nos afectan a la hora de concretar estas nuevas disposiciones en las declaraciones de ISLR de los clientes, amigos e inclusive las nuestras.

Antes de entrar a desarrollar el punto central del trabajo, debo referirme muy sucintamente al argumento de la entrada en vigencia de la nueva reforma de la normativa del impuesto a la renta. El Decreto-Ley de reforma no establece en su normativa, la fecha de su entrada en vigencia, por lo que debemos aplicar el contenido del artículo 317 de nuestra Carta Fundamental, el cual señala que en caso de ausencia de norma legal sobre la vigencia, deberá aplicarse la misma sesenta (60) días continuos después de su publicación en la Gaceta Oficial. Esta misma norma Constitucional es repetida exactamente por el artículo 8 del vigente Código Orgánico Tributario en su artículo 8.

De esta manera, podemos ratificar que la reforma de la LISLR entrará en vigencia el día 17 de enero de 2015, en virtud de la publicación de la normativa en la Gaceta del día 18 de noviembre de 2014. Sin embargo, a pesar de estar vigente el día 17 de enero de 2015, existen normas de esta reforma que no aplicarán en esa fecha, en virtud de que su alcance afecta la cuantía de las obligaciones tributarias, por lo que deberán aplicarse sus normas para el ejercicio que se inicien después del 17 de enero de 2015, tal y como lo dispone el mismo artículo 8 antes referido

Es decir, en los casos de contribuyente que tengan definido como ejercicio gravable, el año calendario enero-diciembre, una vez que entra en vigencia la reforma (17 de enero 2015), ya el ejercicio civil del 2015 ha comenzado, por lo que las normas que afecten la cuantía del impuesto, deberán aplicarse para el próximo ejercicio que inicie después del 17 de enero de 2015, o sea, el ejercicio que se inicia el 01 de enero del 2016, el cual debe declararse en marzo de 2017.

Estando clara la vigencia de la reforma del ISLR y la aplicación de las disposiciones que afectan la existencia y cuantía de la obligación tributaria, podemos entrar a conocer la nueva redacción del artículo 31 de la LISLR, referida a la determinación de la base imponible o de cálculo que deben considerar las personas naturales que prestan servicios bajo relación de dependencia y obtienen una contraprestación dineraria llamada sueldo, salario, remuneración, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones y demás similares, considerándose estas contraprestaciones como enriquecimiento netos sobre la cual deberán aplicar la tarifa 1 para cuantificar el impuesto causado en dicho ejercicio.

Como podemos observar, esta disposición constituye la definición de un elemento cuantitativo del impuesto a la renta para estos sujetos pasivos, por lo que su aplicación se materializará para el ejercicio que se inicia en el 2016, de acuerdo a los razonamientos anteriores.

Este artículo 31 (Artículo 3 del Decreto-Ley de Reforma) como es conocido por todos, fue interpretado en febrero del año 2007, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 301), en ella el Máximo Tribunal (Poder Judicial) realizó una serie de afirmaciones que lo llevan a concluir lo oprobioso que resulta el gravamen sobre los asalariados al considerar tan extensa base imponible que, en vez de consultar la razonable manifestación de riqueza derivada de la renta, pesa en mayor medida sobre sus ingresos.

Sigue afirmando el Tribunal, que el ISLR de los asalariados se aleja en demasía de la progresividad propia de este tributo, sobre todo si se toma en cuenta que aquella fuente de enriquecimiento se encuentra también incidida por una serie de contribuciones parafiscales (Seguro Social, Política Habitacional, INCES, etc). Además, quizás con un impacto mayor, en cuanto consumidor final, el trabajador se ve obligado a soportar el traslado del gravamen al consumo (IVA), que acaso consulta su capacidad contributiva en forma mediata. Estas afirmaciones, ponen en evidencia una elevada presión fiscal claramente regresiva sobre las fuentes de enriquecimiento de los trabajadores asalariados.

Ello lesiona la protección especial que a este estrato social confiere el artículo 83 del Texto Fundamental, en la medida produce una merma en el valor del salario como instrumento de dignificación de la calidad de vida de la clase trabajadora. En consideración al criterio esbozado, la Sala es de la opinión que la norma que estipula los conceptos que conforman el enriquecimiento neto de los trabajadores, puede ser interpretada conforme a los postulados constitucionales, estimando que éste sólo abarca las remuneraciones otorgadas en forma regular (salario normal) a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, excluyendo entonces de tal base los beneficios remunerativos marginales otorgados en forma accidental, pues de lo contrario el trabajador contribuyente perdería estas percepciones –si no en su totalidad, en buena parte- sólo en el pago de impuestos.

Por tal razón, con el objeto de adecuar el régimen impositivo a la renta aplicable a las personas naturales con ocasión de los ingresos devengados a título salarial, con los presupuestos constitucionales sobre los que se funda el sistema tributario; ponderando, por una parte, el apego al principio de justicia tributaria y, por la otra, la preservación del principio de eficiencia presente en tales normas, la Sala Constitucional modifica el artículo 31 de la LISLR, considerando como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, quedando por lo tanto, excluidos del enriquecimiento neto las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial.

De esta manera, vemos como el Poder Judicial razona sobre la base de cálculo para determinar el ISLR de las personas que prestan servicio bajo relación de dependencia, llegando inclusive a ratificar la “presión fiscal” sobre estos sujetos pasivos, lo que conlleva a tomar la decisión de excluir de la base imponible las remuneraciones marginales o accidentales que reciba el trabajador por parte de su patrono; también considera que deben excluirse las remuneraciones que no tienen carácter salarial conforme a la Ley.

Estas consideraciones parecieran no haber influido en el Poder Ejecutivo cuando aprueba a través de la Ley Habilitante 2013, la reforma de la LISLR y redacta un artículo 31 en la que deja sin efecto todas las circunstancias evaluadas por el Tribunal Supremo de Justicia e incluye en la nueva redacción como integrante de la base imponible para el cálculo del impuesto, todas las contraprestaciones que reciba el trabajador, sean estas regulares o accidentales e independientemente de su carácter salarial o no, excepto los viáticos y la remuneración por alimentación.

Todas las apreciaciones analizadas por la Sala Constitucional en el año 2007, no fueron relevantes para este Ejecutivo-Legislador, lo que pone en evidencia un descarado desmérito sobre las tesis vertidas por el órgano que representa el vértice de nuestro sistema judicial, el garante de la justicia y equidad en el desenvolvimiento de nuestras conductas. Esta descalificación materializada por el Decreto-Ley de Reforma en comento, conllevará seguramente a un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, claro está, si efectivamente mantiene consistencia en sus argumentos, y si los mismos fueron sinceros y ajustados a sus convicciones al momento de producirse en el año 2007.

Un elemento que pudiera haber mitigado esta descrédito frente a la posición del Poder Judicial, hubiese sido revisar los desgravamen de las personas naturales y haber concedido in incremento cuantitativo y cualitativo de los mismos, es decir, aumento de las 774 UT en el caso del desgravamen único y la incorporación de otros gastos necesarios como lo son la alimentación y servicios que conforman las necesidades básica de nuestra población. Esta revisión a los desgravámenes estoy seguro, hubiese contribuido a palear un poco ese incremento en la base de cálculo de la renta neta de los asalariados y hubiese sido recibido con beneplácito por el Tribunal Supremo en virtud de sus argumentos narrados en la sentencia 301. Al no haberse realizado estos cambios en los desgravámenes, es evidente el desacato moral denunciado anteriormente y que espero se pronuncie el Poder Judicial una vez entre en vigencia dicho dispositivo legal.

A continuación presento la redacción de ambos dispositivos normativos, esperando haber despertado el interés sobre este tema particular, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad, donde abordemos otro tema de actualidad en materia tributaria.


Sentencia TSJSC Nº 301 del 27/1272007
GORBV Nº 38.635 del 01/03/2007
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta
GORBV. Nº 6.152 Extraordinaria del 18/11/2014
Artículo 31
Se consideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país, así como las participaciones gravables con impuestos proporcionales conforme a los términos de esta Ley.
A los efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del salario las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial»
Artículo 31
Se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad, regular o accidental, derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial, distintas de viáticos y bono de alimentación.

También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país, así como las participaciones gravables con impuestos proporcionales conforme a los términos de esta Ley.


jueves, 13 de noviembre de 2014

NULIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO 46 DEL COT REFERIDO A LA IRRECURRIBILIDAD DE LA NEGATIVA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL PAGO

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

Mediante sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 07 de octubre de 2014, identificada con el número 1.250 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.537 del 10 de noviembre del presente año, el Máximo Tribunal anula parcialmente el contenido del artículo 46 del Código Orgánico Tributario, referido a la imposibilidad que tenían los contribuyentes o responsables de recurrir en vía administrativa o judicial, las resoluciones emitidas por las Administraciones Tributarias que negaban las solicitudes de prórrogas y demás facilidades de pago sobre deudas no vencidas planteadas por los sujetos pasivos del tributo.

El Artículo 46 antes señalado dispone:

“Las prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas podrán ser acordadas con carácter excepcional en casos particulares.

A tal fin, los interesados deberán presentar la solicitud al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago, y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio de la Administración Tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. La Administración Tributaria deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno. En ningún caso podrá interpretarse que la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria implica la concesión de la prórroga o facilidad solicitada. 

La Sala Constitucional señala en su motivación que la jurisprudencia ha indicado que no existen actos del Poder Público que estén vedados del control judicial, el cual no está comprendido por una extralimitación de las funciones jurisdiccionales o una usurpación de competencias que vayan en detrimento del ejercicio de la rama ejecutiva y legislativa sobre la materia tributaria. Es inviable la existencia de cualquier tipo de acto, sin importar su naturaleza, que escapen del análisis de adecuación en relación con la norma fundamental

El control judicial de los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria o las normas que comprendan la base para su sustento no pueden asimilarse a una intromisión atentatoria del principio de legalidad y la autonomía que tienen los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la implementación normativa y su consecuente aplicación a través de la función recaudatoria.

El ejercicio inmanente del poder para dictar instrumentos legales proveniente de los distintos niveles del Poder Legislativo, ni la autonomía normativa que tiene limitadamente los órganos administrativos, así como su función fiscalizadora, pueden entenderse como si fuese usurpada e invadida en detrimento del principio de legalidad, si existe la mediación y participación de la actividad judicial al controlar los actos ejecutivos en esta materia, sea mediante el contencioso tributario en conexión con el marco legal o en aplicación del control difuso o concentrado de la constitucionalidad.

Por tanto, no puede asumirse como una funcionalidad idóneamente correcta la posibilidad que por vía normativa –ni siquiera en cumplimiento del principio de legalidad- se establezcan actos exceptuados de control. La factibilidad sobre los mismos respecto a que exista la facultad por parte de los particulares de invocar las garantías de control no solo preserva la unidad de los derechos en sí, también comprende una demostración del saneamiento que deben atender las instituciones conforme a las normas que condicionan su actividad en todos los niveles.

Por tanto, implementar normativamente una disposición nugatoria del control de ciertos actos de la función jurisdiccional, no solo comprende una contravención a la tutela judicial sobre los actos del Poder Público, también implica un atentado contra el derecho a la defensa, en su acepción de acceso a la justica, y a la tutela judicial efectiva de los administrados, de acuerdo al alcance del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de las garantías condicionantes de todos los procedimientos administrativos

Siendo así, atendiendo al marco constitucional, la prohibición prevista en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, relativa a la irrecurribilidad de las decisiones desestimatorias de las solicitudes de prórrogas o beneficios de pago que soliciten los contribuyentes, es contraria al principio de universalidad del control de los actos del Poder Público por parte de la función jurisdiccional que, a su vez, se traduce en un detrimento del derecho a defensa y a la tutela judicial efectiva. Estando en presencia de una solicitud de prórroga  u otro beneficio, la misma naturaleza del acto no excluye ciertas modalidades de control. Pueden presentarse elementos de inmotivación o de falso supuesto, de arbitrariedad o desproporcionalidad, condicionamiento de la negativa a cambio de otros actos del contribuyente que, en su totalidad, pueden englobar una serie de posibilidades que ameritarían el control de los tribunales de la República, sin que obstaculice su función por estar comprendido el ejercicio de una potestad discrecional cuyo margen libertario de actuación no es óbice para evitar su análisis mediante el ejercicio de los recursos administrativos y las garantías judiciales.

Por estas razones la Sala Constitucional acuerda anular el precepto referente a: “La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno”; quedando el mencionado aparte conformado de la siguiente manera: “En ningún caso podrá interpretarse que la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria implica la concesión de la prórroga o facilidad solicitada”; y le otorga un efecto “ex nunc” (hacia el futuro) a dicha anulación.

Aún con esta pronunciamiento vinculante del TSJ, cabe preguntarse lo siguiente, una vez que se interpone el recurso contra la negativa a la solicitud de prórroga para cumplir con el pago del tributo, el contribuyente o responsable debe cumplir dentro del lapso legal con la cancelación de la obligación tributaria y en nada se verá beneficiado por el recurso interpuesto, no debe nunca pensarse que la suspensión de los efectos del acto recurrido significa una paralización del lapso legal para cumplir con el pago. Generalmente este recurso se ventila y decide después de vencido el lapso legal, por lo que el contribuyente debe cumplir antes de su vencimiento para no incurrir en mora.

La suspensión de los efectos del acto recurrido si se interpone un recurso jerárquico, en nada afecta el transcurso del lapso legal o reglamentario previsto para cumplir su obligación. Tal vez por este último argumento es que el codificador estableció la irrecurribilidad contra la negativa a la solicitud de prórroga.

LA ANULACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 46 DEL COT NO APLICA PARA EL CASO DE FRACCIONAMIENTO O PLAZO PARA EL PAGO DE DEUDAS ATRASADAS

Estando claro el alcance de dicha anulación, considero importante reseñar otra facilidad de pago que no es la prórroga, me refiero al fraccionamiento o plazo para el pago de deudas atrasadas, prevista y regulada en el artículo 47 del mismo instrumento legal. Esta facilidad de pago está referida a deudas definitivamente firme que mantiene el sujeto pasivo con la Administración Tributaria, a diferencia de las prórrogas, en cuyo caso la deuda no se ha generado y es por ello que se solicita la misma antes de que se venza el plazo legal o reglamentario previsto en las normas y haga surgir la deuda. Ambas facilidades son en su objeto totalmente diferentes.

Artículo 47: Excepcionalmente, en casos particulares, y siempre que los derechos del Fisco queden suficientemente garantizados, la Administración Tributaria podrá conceder fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas. En este caso se causarán intereses sobre los montos financiados los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del convenio.

Si durante la vigencia del convenio, se produce una variación de diez por ciento (10%) o más entre la tasa utilizada en el convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá al ajuste de las cuotas restantes utilizando la nueva tasa.

En ningún caso se concederán fraccionamientos o plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el solicitante se encuentre en situación de quiebra.  En caso de incumplimiento de las condiciones y plazos concedidos, de desaparición o insuficiencia sobrevenida de las garantías otorgadas o de quiebra del contribuyente, la Administración Tributaria dejará sin efecto las condiciones o plazos concedidos, y exigirá el pago inmediato de la totalidad de la obligación a la cual ellos se refieren.

Si el contribuyente sustituye la garantía o cubre la insuficiencia sobrevenida de la misma, se mantendrán las condiciones y plazos que se hubieren concedidos.

Parágrafo Primero: La negativa de la Administración Tributaria de conceder fraccionamientos y plazos para el pago no tendrá recurso alguno.

Parágrafo Segundo: Los fraccionamientos y plazos para el pago a los que se refiere este artículo, no se aplicarán en los casos de obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos.  No obstante, en estos casos, la Administración Tributaria podrá conceder fraccionamientos o plazos para el pago de los intereses moratorios y las sanciones pecuniarias generados con ocasión de los mismos.

Cuando hablamos de la segunda facilidad de pago referida a deudas firme atrasadas, el parágrafo primero del artículo 47 del COT también señala la imposibilidad que tiene el solicitante, de recurrir en vía administrativa o judicial la resolución que emita la Administración Tributaria, negando la solicitud de plazo o fraccionamiento para el pago de la deuda.

El análisis en este caso particular es diferente, ya que estamos hablando de deudas pendiente de pago y la Administración se comporta en este tema, como un ente financiero que debe evaluar aspectos importantes para acceder a lo solicitado por el sujeto pasivo. Debe evaluar los antecedentes del contribuyente, su capacidad de pago, la garantía otorgada para proteger el financiamiento que le solicita y garantizar los intereses del Tesoro Nacional, es decir, en estos casos el comportamiento debe asimilarse a la de un banco a la cual se le solicita un crédito.

Tal vez, en estos casos si se justifica que la decisión de no otorgar el plazo o fraccionamiento no esté sujeto a revisión por ninguna autoridad administrativa o judicial, ya que seguro en la resolución que niegue dicho fraccionamiento o plazo de pago, la Administración Tributaria argumentará las razones para no conceder la facilidad y exigir la deuda que se encuentra en mora.

Aceptar la misma tesis planteada por la Sala Constitucional para las prórrogas de obligaciones no vencidas, se corre el riesgo de que un ente distinto como lo son los tribunales de la República, obliguen a la Administración Tributaria a otorgar un fraccionamiento de pago cuando a su juicio no procede de acuerdo al análisis realizado en su oportunidad. No es concebible que un ente externo obligue a un banco a otorgar un crédito frente a una solicitud, cuando de acuerdo a su evaluación no calificaba para dicho préstamo. En esta misma condición estaría la Administración fiscal si se permite la recurribilidad de las decisiones denegatorias de la solicitudes de fraccionamiento o plazo para el pago de deudas atrasadas.

No debemos olvidar el alcance de la prórroga de obligaciones no vencidas, es decir, la solicitud obedece a extender el plazo que legalmente esta previsto para cumplir con las obligaciones tributarias, no existe deuda aún, por ello es factible recurrir la negativa a otorgar dicho plazo.

En todo caso, el pronunciamiento anulatorio de nuestro Máximo Tribunal de la República objeto del presente análisis, está referido es al artículo 46 y no a las reglas previstas en el artículo 47, por tal razón, hasta que no exista un pronunciamiento similar a lo señalado en la sentencia 1.250; contra la negativa de la solicitud de fraccionamiento o plazo para el pago de deudas atrasadas, no existe la posibilidad de recurrir en vía administrativa o judicial.

Esperando haber despertado el interés sobre este tema particular, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad, donde abordemos otro tema de actualidad en materia tributaria.

martes, 24 de junio de 2014

¿ES NECESARIO ENTREGAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL I.S.L.R. EN LOS CASOS DE CESIÓN DE CRÉDITOS FISCALES?

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano


Hoy afrontaremos un tema importante, referido a la cesión de créditos fiscales provenientes del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), producto de los excesos de retenciones practicadas por los agentes de retención durante un ejercicio gravable, e inclusive provenientes de ejercicios anteriores no descontados en declaraciones. Particularmente, abordaremos la documentación que debe acompañar al contrato de cesión de créditos fiscales, para no tener problemas al momento de extinguir una deuda tributaria por compensación conforme al Código Orgánico Tributario (COT).

Como siempre lo indico en mis publicaciones, el desarrollo de los temas confrontados se realizan con el ánimo de despertar la investigación, y fijar posición sobre temas actuales en materia tributaria, la intención nunca será, tener la última palabra sobre el asunto planteado, sino crear el debate, las postura, los acuerdos y desacuerdos; eso sí, con razonamientos lógicos y fundamentados.

Comencemos por definir la obligación contenida en la Ley de ISLR, para los deudores de enriquecimientos netos o ingresos brutos de efectuar la retención al momento del pago o abono en cuenta, este deber se encuentra plasmado en el artículo 86 de la Ley antes referida, cuya transcripción parcial es la siguiente:

“Los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos a que se contraen los artículos 27 parágrafo octavo, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 63, 64 y 76 de esta Ley , están obligados a hacer la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dentro de los plazos y formas que establezcan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Igual obligación de retener y enterar el impuesto en la forma señalada, tendrán los deudores de los enriquecimientos netos, ingresos brutos o renta bruta a que se refiere el parágrafo cuarto de este artículo. Con tales propósitos, el Reglamento fijará normas que regulen lo relativo a esta materia.”
A los efectos de la retención parcial o total prevista en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias, el Ejecutivo Nacional podrá fijar tarifas o porcentajes de retención en concordancia con las establecidas en el Título III”  
Se desarrolla en el dispositivo parcialmente transcrito, la obligación de efectuar la retención del impuesto sobre la renta en el momento del pago o abono en cuenta por conceptos de sueldos, salarios, honorarios profesionales, comisiones, primas de seguro, etc. Y dispone además, que el reglamento fijará las normas que regulen la materia de retenciones. Este impuesto retenido por parte del agente de retención, deberá ser enterado en la Oficina Receptora de Fondos Nacionales en la oportunidad que fije el reglamento.

En desarrollo de la disposición anterior, encontramos el Reglamento Parcial de la Ley ISLR en materia de Retenciones, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.203 de fecha 12 de mayo de 1997, en este instrumento encontramos todas las obligaciones formales y materiales que deben cumplir los agentes de retención al momento de efectuar el pago o abono en cuenta de los enriquecimiento netos o ingresos brutos sujetos a retención. Dentro de sus deposiciones nos encontramos con los artículos  24 y 25, que define la obligación que tienen los agentes de retención de entregar a los contribuyentes, un comprobante por cada retención de impuesto que les practiquen , en los términos siguientes:

Artículo 24
Los agentes de retención están obligados a entregar a los contribuyentes, un comprobante por cada retención de impuesto que les practiquen en el cual se indique, entre otra información, el monto de lo pagado o abonado en cuenta y cantidad retenida.
En el comprobante correspondiente a la última retención del ejercicio de los beneficiarios señalados en el Capítulo II de este Reglamento, se indicará la suma de lo pagado y el total retenido; este comprobante deberá anexarlo el contribuyente a su declaración definitiva de rentas. Además, el agente de retención estará obligado a entregar a los beneficiarios de los pagos indicados en el Capítulo III, excluyendo los señalados en los numerales 9 y 20 del artículo 9º, dentro del mes siguiente a la cesación de actividades del agente de retención, una relación del total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta y de los impuestos retenidos en el ejercicio, la cual deberán igualmente anexar a su declaración definitiva de rentas...

Artículo 25
Las informaciones y relaciones a que se refieren los artículos anteriores, deberán ser elaborados en los formularios que emita o autorice al efecto la Administración Tributaria o en las formas que se establezcan en cuanto al uso de listados, discos, cintas o cualquier otro medio utilizado en sistemas automatizados de procesamiento de datos..”.

Así vemos, que las normas parcialmente transcritas impone a los agentes de retención la obligación de entregar a los contribuyentes un comprobante por cada retención en el que se deberá indicar  el monto de lo pagado o abonado en cuenta y la cantidad retenida. Señala igualmente la norma, la obligación de anexar los comprobantes de retención que aplique el contribuyente en su declaración definitiva de rentas del ejercicio respectivo. Esta última obligación no se estaba ejecutando por cuanto, anteriormente las oficinas bancarias no recibían documentos distintos a la declaración y, actualmente la declaración es electrónica, mucho menos se puede cumplir con el mandato reglamentario.

Por otro lado el dispositivo contempla la obligación de los agentes de retención de suministrar a la Administración Tributaria, la información relativa a los contribuyentes a quienes se le haga la retención, conforme al decreto mencionado y en la forma  plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria, las cuales deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial. Esta última obligación está contemplada en la Providencia Administrativa Nº 0095 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.269 de fecha 22 de septiembre de 2009.  

Hechas las consideraciones anteriores, pasamos ahora a analizar el fondo del asunto que les traigo en el presente trabajo, y es el referido a la cesión y compensación de los créditos fiscales provenientes de retenciones del ISLR. Una vez que el contribuyente presenta su declaración definitiva del ISLR del ejercicio respectivo y autodetemina su obligación tributaria, puede darse cuenta, que las retenciones efectuadas por sus agentes de retención a lo largo del ejercicio fiscal, superaron el monto del impuesto causado produciéndose un pago en exceso y originándose un crédito fiscal a su favor y en contra del Tesoro Nacional. Este crédito fiscal existe, es líquido, exigible, y no prescrito.
A los efectos de ilustrar el tema de fondo, tomo el exceso de retenciones y lo comparo con el impuesto causado, pero debo advertir que no es el único caso de la generación de créditos fiscales con pago en exceso, los mismo pueden provenir adicionalmente de pérdidas del ejercicio y retenciones efectuadas (no hay impuesto causado), impuesto determinado después de rebajas por inversiones, acumulación de retenciones de otros ejercicios, excesos de estimada, etc.

Este crédito así determinado en la autoliquidación planteada en la forma 25 o forma 26 (Declaración Definitiva de Rentas persona natural o persona jurídica respectivamente), el contribuyente puede optar en: i) esperar las futuras declaraciones de rentas de ejercicios posteriores para descontarse el crédito producido en el ejercicio anterior; ii) puede optar por compensar y extinguir otras deudas tributarias que tenga el contribuyente con el Tesoro Nacional, iii) puede solicitar reintegro a la Administración Tributaria, conforme al procedimiento señalado en el COT en sus artículos 194 al 199, y iv) puede ceder a tercero esos créditos fiscales, a los fines de que el adquirente (cesionario) los compense con deudas tributarias con el mismo sujeto activo.

En el caso de cesión de créditos fiscales, entendiendo por “cesión de créditos” el contrato por el cual una persona llamada cedente se obliga a transferir y garantizar a otra llamada cesionario, la cual se obliga a pagar un precio en dinero el crédito que tiene frente a un tercero llamado cedido. Este contrato es pues, una especie del género venta sometido a las reglas generales de ésta que le sean aplicables. En materia tributaria y siguiendo con el planteamiento original, el contribuyente dueño del crédito fiscal reflejado en su declaración definitiva de rentas (retenciones en exceso), decide cederlo a tercero, suscriben el respectivo contrato de cesión y para cumplir con sus obligaciones, el cedente del crédito fiscal debe cumplir con la “tradición”, que no es mas que hacer entrega al adquirente o cesionario del título que justifica el crédito o derecho cedido, es en este último caso, donde se presenta la diversidad de criterios para entender cuál es el documento que refleja el título del crédito cedido, a los efectos de que el adquirente o cesionario oponga la compensación cuando debe cumplir con sus obligaciones tributarias.

Para algunos conocedores de la materia, el documento que debe acompañar al contrato de cesión de créditos fiscales, es sólo la declaración definitiva de renta (forma 25 o forma 26) presentada por el contribuyente donde se refleje el pago en exceso a través de retenciones, basta entonces entregar una copia certificada de la declaración presentada o la declaración electrónica con el respectivo certificado validado por el portal fiscal del SENIAT, para de esta manera cumplir con la tradición y ejecución del contrato de cesión por parte del cedente. Para estos colegas que sostienen esta opinión, el justo título del crédito es la declaración definitiva de renta la cual se hace bajo fe de juramento, y son un fiel reflejo de la verdad “bonafide” tal y como lo sostiene el artículo 147 del COT. No tienen porque los contribuyentes cedentes entregar a sus cesionarios, todos y cada uno de los comprobantes de retención que sustenten las rebajas por retenciones reflejadas en la declaración definitiva de rentas.

Esta tesis se justifica aún en los tiempos en que vivimos la presentación electrónica de las declaraciones definitivas e informativas en materia de retenciones, es decir, ellos afirman que no se necesitan los comprobantes de retención entregados a los cesionarios por cuanto la Administración Tributaria al momento en que el adquirente oponga la compensación, en sus bases de datos pueden corroborar las retenciones reflejadas por el agente al momento de relacionar las retenciones y proceder al enteramiento de los impuestos retenidos; por ello, basta sólo la declaración definitiva de renta donde se refleje el crédito fiscal por retenciones, para que al momento de oponer la compensación el cesionario, identifique la declaración que es el título del crédito para de esa manera, extinguir por compensación la deuda tributaria con el Tesoro Nacional.

Esta posición no me parece errada, sin embargo, yo prefiero ser un poco conservador en este tema y evitar así posibles reparos por parte de la SENIAT, con las consecuencia que conlleva la determinación de una diferencia de  impuesto, multa actualizada por efectos de inflación y el cálculo de intereses moratorios.

Comienzo por señalar la existencia de una Providencia Administrativa identificada con el Nº SNAT/2005/0954, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.324 de fecha 29 de noviembre de 2005, en la que la Administración Tributaria regular y controla la presentación de la notificación de compensaciones y cesiones por parte de los sujetos pasivos, establecida en los artículos 49 y 50 del Código Orgánico Tributario.

La Providencia Administrativa en estudio señala diferentes requisitos que el contribuyente debe consignar, dependiendo del supuesto del que se trate:

- Compensación con créditos propios,
- Compensación con créditos que le han sido cedidos,
- Cesión de Créditos.

Para el caso de compensación  que provenga de una cesión de créditos Fiscales:

a) Original del contrato de cesión de créditos fiscales debidamente autenticado, incluyendo el justo título del crédito

En el caso de ser una cesión de créditos fiscales:

a) Copia del contrato de cesión de los respectivos créditos fiscales debidamente autenticado, incluyendo el justo título del crédito.

Como podemos observar para la presentación de la notificación de compensaciones y cesiones por parte de los sujetos pasivos, se requiere el contrato de cesión de crédito y el justo título del crédito. Estamos claro, que este instrumento normativo solo regula la obligación formal de notificar la cesión y compensación de créditos fiscales, no reglamenta per se la cesión ni la compensación; pero si nos da luces de la exigencia del SENIAT cuando tocamos el tema de las forma de extinción de las obligaciones fiscales, como lo es la compensación, por esa razón, lo tomo con cautela para recomendar una determinada posición.

Tal y como lo señalamos en los párrafos anteriores, los contribuyentes que fueron objetos de retención en la fuente por parte de los clientes al momento del pago o abono en cuenta, éstos debieron entregarle los comprobantes de retención efectuadas durante el ejercicio fiscal, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento Parcial de la Ley ISLR en materia de Retenciones, estos comprobante constituyen un anexo obligatorio de la declaración del ejercicio donde se imputen estas retenciones como lo exige la disposición antes referidas. Es decir, es obligación de los contribuyentes anexar a la forma 25 o forma 26 los comprobantes de retención que le efectuaron sus agentes durante el ejercicio fiscal respectivo.

De esta manera, no hay dudas que los comprobantes de retención constituyen un anexo obligatorio de la declaración definitiva de renta de los contribuyentes del ISLR, por lo tanto, al momento de reflejar en la declaración el excedente de retenciones, estos deben estar respaldados por los anexos de los comprobantes de retención y en mi opinión, ambos documentos (declaración y comprobantes) constituyen el justo título a los efectos de la cesión o compensación.

Lo que puede confundir o perturbar esta opinión, es el hecho de que ni las Oficinas Receptoras de Fondos Nacionales y ahora, la declaración electrónica no dejan anexar estos comprobantes a las declaraciones respectivas, pero ello no limita el cumplimiento de esta obligación contenida en el artículo 24 del reglamento parcial de retenciones. Uno de esos casos, lo representa a la hora de ceder los créditos fiscales producto de retenciones de ISLR.

Por lo tanto, al momento de ceder los créditos fiscales declarados en la forma 25 o forma 26 deben estar anexos a dichas declaraciones los comprobantes de retención reflejados en esas declaraciones definitivas, para con ello cumplir con la exigencia de la tradición del contrato de cesión y no afectar así al cesionario al momento de él oponer la compensación y se revierta una responsabilidad para el cedente. El justo título del crédito es la declaración conjuntamente con los comprobantes de retención. No entregar los comprobantes de retención a la hora de una cesión de créditos fiscales, conlleva un incumplimiento en la obligación civil de cumplir con la tradición legal de entregar el justo título del crédito que exige el artículo 1.549 del Código Civil Venezolano y adicionalmente, se cumple parcialmente la notificación de la cesión del crédito conforme a la Providencia Administrativa Nº 0954, acarreando sanción por defecto en la notificación.

Los cesionarios o adquirentes de créditos fiscales deben exigir a los contribuyentes cedentes las declaraciones y los comprobantes de retención imputados en esas declaraciones, para con ello garantizarse la existencia de los créditos fiscales y no tener inconvenientes con la Administración Tributaria al momento de oponer la compensación para extinguir las deudas con el Tesoro Nacional.

Es posible que esta posición aquí asumida, sea conservadora pero garantizaría evitar un posible ajuste a las declaraciones donde oponga la compensación de esos créditos fiscales. Con la modificación de la reglamentación sobre retenciones de ISLR, la cual data del año 1997, es posible que no se requiera los comprobantes ya que todo estará en línea y podrán omitirse los comprobantes porque el control lo tiene la Administración en sus servidores; pero mientras exista la obligación de emitir comprobantes y esté vigente el artículo 24 del Reglamento Parcial de la Ley ISLR en materia de Retenciones 1.808, recomiendo seguir esta tesis aquí argumentada.

Esperando haber despertado el interés sobre este tema particular, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad donde abordemos otro tema de actualidad en materia tributaria.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Providencia N° 003/2014 Criterios Contables Generales para la Determinación de Precios Justos
(Gaceta Oficial Nº 40.351 del 7 de febrero de 2014)
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO
ECONÓMICOS

Caracas, 07 de febrero de 2014
203º, 154º y 14º

Providencia Administrativa Nº 003/2014

La Superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), designada mediante Decreto N° 750, de fecha 24 de enero de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.341 de fecha 24 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 12, numerales 1, 2, 6, 16; 20, numerales 2, 6 y 7; 25, 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.340, de fecha 23 de enero de 2014;

Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional y el establecimiento de precios justos, mediante el análisis de las estructuras de costos para la consolidación del orden económico socialista productivo;

Por cuanto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, ejerce la rectoría en materia de estudio, análisis, control y regulación de márgenes de ganancias y precios;

Por cuanto, corresponde a esta Superintendencia el diseño e implementación de los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos; así como la emisión de la normativa necesaria para la implementación del referido instrumento legal; estableciendo la categorización de bienes y servicios, para lo cual puede establecer regímenes de regulación, requisitos, condiciones, o mecanismos de control;

Por cuanto la normativa legal vigente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela así como los Principios de Contabilidad de Aceptación General en el país, establecen un conjunto de criterios aplicables a la contabilidad de las empresas.

Vista la necesidad de sincerar las estructuras de costos de los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos para garantizar el derecho de la población venezolana de acceder a bienes y servicios; así como, garantizar la estabilidad de los precios y el desarrollo justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional;

Dicta la presente,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE FIJAN CRITERIOS CONTABLES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS JUSTOS

Artículo 1
Objeto
La presente providencia administrativa tiene por objeto establecer criterios contables generales que deberán utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan determinar precios justos.

Artículo 2
Criterios
Serán criterios de cumplimiento obligatorio en la contabilidad de los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos los que a continuación se mencionan:

1. Los costos de producción son apenas una parte de la información financiera, que se genera, prepara y presenta, con base en el desempeño de sus operaciones, la valuación de todos los eventos que la afectan y la aplicación de un conjunto de normas, principios y políticas contables adoptadas por los sujetos de aplicación. Por consiguiente, no podrá existir control sobre los costos por parte de los sujetos de aplicación, si no se regula y se lleva un control integral sobre toda la información financiera. Es responsabilidad de los sujetos de aplicación, garantizar que la contabilidad integre y conecte toda la información financiera en un único sistema de información, bajo una arquitectura informática también integrada y confiable.

2. La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable, con apego a los Principios de Contabilidad de Aceptación General vigentes en la República Bolivariana de Venezuela y demás marco normativo aplicable.

3. El costo será el valor de los elementos necesarios asociados directa e indirectamente para la producción de un bien o la prestación de un servicio.

4. Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción (gastos del período) son diferentes. El costo de producción comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación para darle al producto o servicio su condición de terminado o prestado. Los gastos ajenos a la producción serán, los gastos de administración, de representación, publicidad y venta, entre otros.

5. Los inventarios son activos mantenidos para: ser vendidos en el curso normal de la operación del negocio; en proceso de producción para su posterior venta; o en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

6. Los elementos del costo de producción incluirán: costos de adquisición de materiales y materias primas y los costos de conversión o transformación, para darle a los productos o servicios su condición de terminados o prestados. En cualquier caso, se incluyen y se reconocen entre los costos de producción sólo en la medida en que se incurran y sean necesarios para llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados.

7. Forman parte de los costos de adquisición de materiales y materias primas: el precio o valor de compra de los materiales; aranceles de importación, gastos de importación (seguro de flete marítimo, almacenamiento primario, etc.) y otros impuestos (no recuperables); transporte, y manejo de materiales; almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de materiales, productos terminados y servicios. En cualquier caso, la determinación de los costos de adquisición deberá cumplir con la regulación establecida en materia de precios de transferencia.

8. Forman parte de los costos aquellos presentes en la conversión o transformación: mano de obra directa; costos indirectos de producción fijos (distribución en base a la capacidad normal de trabajo de los medios de producción); costos indirectos de producción variables (distribución en base al nivel real de uso de los medios de producción); y costos indirectos de producción mixtos (los que poseen una porción fija y otra variable).

9. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto, a través de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los productos y los subproductos, utilizando bases uniformes y racionales.

10. Sólo se reconocerán como parte de los costos de producción los valores necesarios en condiciones de eficiencia normal. Todo desperdicio o uso anormal de los factores de producción no será atribuible al costo y por tanto, se excluirá de la base de cálculo del precio justo.

11. Estarán excluidos de los costos de producción: cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra y otros costos de producción; costos de almacenaje, a menos que sean necesarios en el proceso de producción, previos a un proceso de elaboración ulterior; los costos ya reconocidos como costos de venta; costos relacionados al financiamiento; costos indirectos que no contribuyen a llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados.

12. Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de costos de producción del bien o prestación del servicio, determinada conforme a la presente providencia administrativa aquellos gastos ajenos a la producción, gastos del ejercicio hechos en el país, causados en el ejercicio, considerados normales y necesarios para la realización de sus operaciones medulares. En ningún caso la cantidad de gastos ajenos a la producción incorporados a la estructura de costos excederá del doce con cinco décimas por ciento (12,5%) del costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio determinada antes de la incorporación de los gastos ajenos a la producción.

13. Los gastos de distribución, solo serán reconocidos como elemento de costos a los sujetos de aplicación que llevan a cabo esta actividad (distribuidores).

14. Los tributos, las donaciones y liberalidades los gastos por muestras sin valor comercial y otros egresos, a criterios de la SUNDDE no forman parte del costo.

15. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representará un costo, cuando este no pueda ser recuperado o trasladado conforme a las leyes respectivas, y dicha situación no sea imputable al sujeto de aplicación.

16. Los costos indirectos deben ser razonables con respecto a la misma estructura de costos de la actividad económica que desempeña el sujeto de aplicación en la cadena de producción, importación y/o comercialización, basados en los conceptos y definiciones descritas en esta providencia administrativa.

Artículo 3
Adecuación de la estructura de costos
El costo asociado a la estructura de costos de la producción de un bien o la prestación de un servicio será el costo real de producción determinado en función del artículo segundo de esta providencia administrativa.

Artículo 4
Técnicas alternas de Medición de los Costos e Inventarios
Cuando la naturaleza de las operaciones dificulte o haga impracticable la determinación o seguimiento frecuente (diario o semanal) del costo real de producción, los sujetos de aplicación podrán, bajo la expresa autorización previa por escrito de la SUNDDE, utilizar las siguientes técnicas de medición, siempre que el resultado de aplicarlas se aproxime al costo real de producción:

1. Costeo Estándar: Es un costeo predeterminado que resulta del análisis objetivo de todas las variables de producción, para concluir sobre el costo que se debe incurrir en cada fase y para cada elemento de costo en un proceso eficiente. Los estándares deben establecerse a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad instalada. La determinación y cálculo de los costos estándares debe ser sometido a revisión, por parte del sujeto de aplicación, de forma regular y periódica (por lo menos, cada cuatro meses). Si las condiciones cambian, el costo estándar debe ser modificado. El resultado de aplicar costo estándar debe aproximarse al costo real. Para la determinación del precio justo, se reconocerá el menor entre el costo real y el costo estándar.

2. Método de los Minoristas: El método de los minoristas se puede utilizar siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que sea utilizado en inventarios que sean integrados por una gran cantidad de artículos que rotan velozmente; que los márgenes de comercialización sean similares; que sea impracticable utilizar otros métodos de cálculo de los costos. El margen bruto determinado debe ser revisado constantemente y debe ser aplicado por promedios seleccionados por cada sección o departamento comercial, y en ningún caso puede superar la alícuota de ganancias establecidas en las normativas vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5
Fórmulas de Cálculo del Costo
En la adecuación de las estructuras de costos del artículo 3 de la presente providencia administrativa serán criterios de aplicación las fórmulas de cálculo del costo establecidas en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en la República Bolivariana de Venezuela. Estas fórmulas establecen:

1. Cuando sea posible identificar los costos asociados a cada artículo específico producido o servicio prestado, se debe utilizar obligatoriamente la identificación específica de costos.

2. Cuando resulta impracticable la asignación de costos a cada artículo específico producido o servicio prestado, se pueden utilizar los siguientes métodos de selección de existencia final: Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS); o Costo Promedio Ponderado (CPP).

3. Se debe utilizar la misma fórmula de costo para todos los inventarios de una misma naturaleza y uso similar. Pueden justificarse diferentes fórmulas de costo para inventarios de naturaleza y uso diferentes, bajo las condiciones establecidas en los parágrafos anteriores. Se debe aplicar el tratamiento de forma consistente una vez elegida una fórmula de costo

Artículo 6
Auditoría de Estructuras de Costo
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos tendrá la potestad de efectuar las auditorías que considere apropiadas a fin de satisfacer la razonabilidad de las estructuras de costos que sustentan los precios determinados por los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Estas auditorías podrán ser ejecutadas articuladamente con otras instituciones del Estado con competencia aplicable.

Al inicio de la auditoría el sujeto de aplicación deberá poner a disposición de los funcionarios auditores toda la información que al efecto, mediante providencias administrativas, le haya sido solicitada. Los requerimientos deberán consignarse en un máximo de cinco (5) días hábiles.

Las estructuras de costos que los sujetos de aplicación preparen a los efectos de la presente providencia administrativa, deberán referirse a un mismo período contable, el cual deberá estar claramente identificado. Asimismo, las partidas y elementos presentados en los estados financieros y otra información requerida, deberá cumplir con los atributos contables que de seguida se relaciona: ocurrencia, integridad, exactitud, corte (período contable) y clasificación apropiada.

Artículo 7
Sanciones
El incumplimiento de la presente providencia administrativa será sancionado de conformidad a las previsiones del artículo 49, numeral 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.

Artículo 8
Límites a las Ganancias
Los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos deberán respetar los límites a las ganancias previstos en dicha Ley.

Artículo 9
Vigencia
La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese y cúmplase,


ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE)