viernes, 25 de agosto de 2017

RESUMEN DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL COBRO POR EL VISADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRAS ACTUACIONES DEL CONTADOR PÚBLICO ANTE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

TRIBUNAL: 
TSJ-Sala Político-Administrativa       
SENTENCIA N°:      
00993
FECHA:
09 de agosto de 2017
TIPO DE RECURSO:
Nulidad por inconstitucionalidad e Ilegalidad
PARTE SOLICITANTE:
Laura Álvarez Yépez, Juan Carlos Arends, Raúl A. Camargo, Rafael Y. Carvajal, Harold Márquez, Osvaldo Sayago Carrero y Asdrúbal Valera
ACTO IMPUGNADO:
Reglamento Único de Visado de los estados financieros y otras actuaciones del contador público, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 2000;         y se extiende al Reglamento de Visado de estados financieros y otras actuaciones del contador público, aprobado en la asamblea extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016
ACTO DICTADO POR:
Federación De Colegios De Contadores Públicos De Venezuela (Hoy Federación De Colegios De Contadores Públicos De La República Bolivariana De Venezuela)
DERECHOS VULNERADOS:
Principio de Legalidad (Art. 317 Constitucional)
Principio de Igualdad y No Discriminación (Art. 21 Constitucional)

- Es Inconstitucional e Ilegal el cobro por el visado de los estados financieros y otras actuaciones de los Contadores Públicos que realizan los Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.

- Es igualmente Inconstitucional la exigencia de la solvencia en el pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, para el contador que solicita el visado de sus actuaciones. 
(…)
En este sentido, se advierte que la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Núm. 30.216 del 27 de septiembre de 1973 y reimpresa “por error de copia” en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Núm. 30.273 de fecha 5 de diciembre del mismo año), prevé en los artículos 18, 19 y 20 lo siguiente:
Artículo 18: Para ejercer la profesión que regula la presente Ley, los profesionales que a ella se refiere deberán inscribir sus títulos en el Colegio respectivo. El Colegio asignará a esta inscripción un número el cual deberá aparecer en todas las actuaciones públicas del profesional”.
Artículo 19: La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela estará integrada por los Colegios de Contadores Públicos y por las Delegaciones que de ella dependan de conformidad con la presente Ley. Tiene carácter exclusivamente profesional y personalidad jurídica y patrimonio propio y fomentará el perfeccionamiento moral y científico de los contadores públicos de Venezuela, promoverá la defensa de los intereses de los colegios y delegaciones y procurará incrementar en la sociedad, el conocimiento de la misión fundamental que atañe a la profesión de contador público”.
Artículo 20: Es atribución de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, fijar la cuota que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones y es deber de los Contribuyentes satisfacerla puntualmente”. (Subrayado de la Sala).
Además, el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública (Decreto Núm. 735 dictado el 4 de febrero de 1975 y publicado en Gaceta Oficial Núm. 30.617 el 6 del mismo mes y año), dispone lo siguiente:
Artículo 42. La Federación de Colegios de Contadores Públicos fijará las cuotas ordinarias que deberán pagar los miembros a sus respectivos Colegios.
Parágrafo Único.- Las cuotas de admisión y las extraordinarias serán fijadas por los respectivos Colegios”. (Subrayado de la Sala).
Del texto de las normas jurídicas supra citadas, puede inferirse la atribución de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela para establecer contribuciones especiales de las llamadas parafiscales, pues la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública permite al aludido órgano fijar las cuotas ordinarias destinadas al mantenimiento de las actividades gremiales, y a los respectivos Colegios las de admisión de sus miembros y las extraordinarias.
(…)
En efecto, al estudiar y aplicar el significado que da la Real Academia Española al visado previsto en el mencionado Reglamento de los Colegios de Contadores Públicos se concluye que dichos gremios, al verificar el cumplimiento de los requisitos -sin perjuicio de lo que la Sala determine luego sobre tales obligaciones-, deberá otorgar el visto bueno a los dictámenes y certificaciones que emitan sus agremiados.
Observa esta Máxima Instancia que el visado debe ser el reconocimiento, por parte del Colegio respectivo del cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo referente a la forma y presentación de los informes y dictámenes.
No obstante, se infiere que la revisión que dispone el artículo 1 del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público -en cuanto al visado- está referida esencialmente al pago efectivo de los aportes previstos en su artículo 4. Por lo tanto, en este caso, el Visado equivale a contribución.
(…)
En este sentido, se advierte que la creación de tributos (impuestos, tasas o contribuciones) está restringida al legislador, tal como lo prevé el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parcialmente transcrito infra, que dispone lo siguiente:
(…)
De lo anterior resulta evidente que la creación de gravámenes es materia de reserva legal y en consecuencia, solamente le está dada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la atribución de fijar mediante reglamento las cuotas ordinarias “que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones”, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 42 de su Reglamento.
La referida reserva legal está dirigida a regular en el texto de la Ley lo concerniente a la materia tributaria, dejando solo al reglamentista la posibilidad de establecer o fijar los detalles de su ejecución, es decir, explicar, desarrollar y complementar la ley, con el fin de lograr su mejor cumplimiento.
(…)
En efecto, la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública asigna a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela tareas en defensa de sus agremiados, las cuales podrían ser reglamentadas creando un mecanismo de verificación que prevea el visto bueno de las actuaciones profesionales de sus agremiados, pero no habilita a dicha Federación a establecer “aportes” por esa protección corporativa.
Tales funciones están contempladas en el artículo 22 de la mencionada Ley, cuyo texto es el siguiente:
(…)
Reitera este Alto Tribunal que la potestad reglamentaria otorgada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, es la contenida en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, la cual le permite únicamente fijar las cuotas ordinarias que deberán pagar los miembros a sus respectivos Colegios.
Adicionalmente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de su Reglamento, corresponde a los respectivos Colegios fijar las cuotas de admisión y las extraordinarias.
En consecuencia, el establecimiento del mecanismo de visado de las actuaciones de los Contadores Públicos no está previsto en la Ley especial como un medio de gravamen.
Concluye la Sala que el cobro del “aporte de visado” de las certificaciones y dictámenes preparados por los profesionales de la Contaduría Pública -no previsto en la Ley- constituye una contribución especial impuesta por vía reglamentaria, por ende resulta violatorio de lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 del Código Orgánico Tributario al crearse -por esta vía- contribuciones parafiscales; por tanto, lo que correspondía era declarar la vulneración del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria y en consecuencia su nulidad, tal como se desprende del texto de la sentencia impugnada, razón por la cual se desestima este alegato. Así se decide.
Aunado a lo anterior, a criterio de esta Sala resulta importante destacar que, aun cuando la Ley especial permita reglamentar la revisión de las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela -referentes al cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo relativo a la forma y presentación de los informes y dictámenes-, el cobro de cantidades de dinero por la implementación del visado, como mecanismo de protección para el ejercicio de la actividad profesional de la contaduría y de los usuarios de tales servicios, establecido por vía reglamentaria, constituye un tributo inconstitucional e ilegal y un requisito contra lege para el ejercicio de dicha profesión
(…)
De tal forma, que el visado de los informes elaborados por los contadores públicos está condicionado al inconstitucional e ilegal cobro de un emolumento y además a la solvencia en el pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales llevadas a cabo por el respectivo Colegio en el que estén inscritos, lo cual resulta contrario a lo establecido en la Ley que regula la actividad de dichos profesionales, que exige en el artículo 18 que para ejercer la profesión de Contador Público debe haberse obtenido o revalidado en nuestro país el título de Licenciado en Contaduría Pública y la inscripción en el respectivo Colegio profesional, se insiste, no así la solvencia en el pago de las cuotas de permanencia en los correspondientes Colegios y menos aún el pago de “aportes” por visado, establecidos por vía reglamentaria en violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(…)
Realizadas las consideraciones anteriores, es necesario para esta Sala entrar a analizar la figura de la reedición del acto administrativo, a los fines de determinar si el nuevo reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016, constituye una reproducción del reglamento anulado en el fallo impugnado y confirmado por la Sala. A tal efecto se observa lo siguiente:
(…)
Lo anterior permite a esta Sala concluir que el objeto de esos reglamentos, es exclusivamente, prever y regular el visado de las actuaciones relativas a la emisión de dictámenes o certificaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión del Contador Público, estableciendo, además, el pago de un “aporte” por tal concepto, y el condicionamiento de la obtención del visado a la solvencia de las cuotas de mantenimiento de los respectivos Colegios, lo cual, como ya se estableció en el presente fallo, constituye un gravamen a las actuaciones de sus agremiados, contraria a lo previsto a los artículos 317 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 del Código Orgánico Tributario y 18 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública.
Por tanto, observa este órgano jurisdiccional, que el hecho material de la reedición del acto se manifestó en la aprobación, por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, de nuevos reglamentos semejantes en su contenido y finalidad al aprobado en Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela durante la Asamblea Extraordinaria celebrada por el mencionado Colegio Profesional entre los días 10 y 12 de febrero de 2000.
De lo anterior se concluye que los reglamentos aprobados en Asambleas Extraordinarias de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada entre el 25 y el 26 de julio de 2008 y el vigente del 11 de junio de 2016, constituyen la reedición del Reglamento anulado por la sentencia impugnada y confirmada por esta Sala.
(…)
Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara.


viernes, 20 de enero de 2017


COMENTARIOS SOBRE EL DECRETO 2.680 QUE ESTABLECE LA EXONERACIÓN DEL I.S.L.R. DE LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES DE 6.000 UT. PARA EL EJERCICIO 2016

Nuevamente presento a mis seguidores, algunos comentarios de interés sobre el Decreto antes señalado, muy similar al Decreto 2.266 de fecha 08 de marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.864 del 08 de marzo del mismo año, reimpreso por error material y publicado nuevamente en la Gaceta Oficial N° 40.865 de fecha 09 de marzo de 2016. Sin embargo, por no derogar este último Decreto el anterior, pudiera pensarse que subsisten ambos beneficios para el ejercicio 2016 (Decreto 2.266 por 3.000 UT y el Decreto 2.680 por 6.000 UT), situación que por supuesto no debe ser considerado así.  El ánimo que motiva este análisis, es simplemente para compartir algún punto de vista y generar el debate sobre los mismos.

1. El beneficio fiscal de exoneración aplica para el ejercicio 2016, es decir, para los hechos imponibles sucedió o materializados el 31 de diciembre de 2016. Está claro que el Decreto no señala el beneficio de exoneración para el ejercicio 2017 y siguientes, como ocurrió con el primer Decreto (2.266) que abarcaba dos ejercicios fiscales. Solo está referido a un ejercicio fiscal ya concluido como lo es el año calendario 2016, cuya obligación debe cumplirse, tanto la formal (declaración) como la material (pago) antes del 31 de marzo de 2017, conforme lo exige la disposición Reglamentaria.

Como podemos observar, este beneficio de exoneración se aplica a un ejercicio ya finalizado, lo que representa una retroactividad de la norma nueva a hechos ocurridos antes de su vigencia. Esta afirmación pareciera estar reñida con el principio general de la “irretroactividad” de las normas legales previsto en los artículos 24 de la Constitución Nacional y 8 del Código Orgánico Tributario.

La excepción al principio de la “irretroactividad”, es decir poder aplicar normas nuevas a hechos pasado, solo ocurre cuando se trate de “infracciones y sanciones”, solo en ese caso, se permite aplicar retroactivamente la norma nueva, cuando la sanción establecida en dicha norma, es favorable al sujeto infractor. No existe excepción para otra materia diferente al régimen penal. Aún cuando se trate de beneficios fiscales debe respetarse el principio universal de la “irretroactividad” de las normas.

Estamos claro, que por tratarse de normas que benefician a los sujetos pasivos del ISLR, nos hacemos los indiferentes, pero hasta qué punto esa actitud que asumimos hoy y de la cual estamos conscientes que es ilegal e inconstitucional, sea utilizada mañana para bajo la misma argumentación, cuando nos quieran exigir el cumplimiento de una norma nueva que nos afecta negativamente a situaciones ocurridas en el pasado.

Debo, sin embargo confesarles, que he oído algunas argumentaciones sobre este tema, pero la que más me impactó fue la de considerar la legalidad de la retroactividad de la exoneración, justificándola que beneficiaba a los contribuyentes y por esa razón, se estaba en la excepción al principio de la “irretroactividad”, es decir, esa tesis sostiene entonces, que el pago de impuesto constituye una “sanción” a los sujetos pasivos del ISLR, para poder de esa manera justificar tal situación, ya que como lo establece la norma, la excepción solo aplica en materia de infracciones y sanciones. No hay duda que dicho razonamiento nos remonta a los orígenes de la tributación en la era de los romanos, cuando el pago del impuesto era un castigo por no acatar los normas del príncipe.

2. Está referida la exoneración sobre la Renta Neta de las personas naturales residentes, lo que significa que los ”no residentes” no gozan de la exoneración aquí prevista, tomando en cuenta para la residencia fiscal en el país, lo señalado en los artículos 31 y 32 del Código Orgánico Tributario.

Por otra parte está referido a la Renta Neta (sueldos y salarios, así como el resultado de Ingresos menos costos y gastos) tanto los asalariados, como los que se encuentran en el libre ejercicio profesional, extendiéndose inclusive a los que poseen rentas mixtas (salarios e ingresos brutos).

3. Está circunscrita la exoneración sobre los Enriquecimiento Netos de Fuente Territorial, no los provenientes de rentas extraterritoriales. Para los casos de personas naturales residentes que posean Rentas Extranjeras y Nacionales, cuando determinan sus rentas Nacionales podrán conciliar como no gravables 6.000 UT (1.062.000,00) y declararlas como exoneradas para ese tipo de rentas.

4. La base para la obligación de la declaración se mantiene en 1.000 U.T, Renta Neta o 1.500 para los que manejen ingresos brutos; lo que varía es, que si la renta neta anual de un asalariado es superior a Bs. 177.000,00 durante el ejercicio 2016, pero igual o inferior Bs. 1.062.000,00, está obligado a declarar por haber superado las 1.000 UT, pero sus rentas están totalmente exoneradas del ISLR.

En caso de superar los 450.000,00 como renta neta del ejercicio 2016, declarará dos tipos de rentas obtenidas en el ejercicio, Renta Neta Exonerada por Bs. 1.062.000,00 y Renta Neta Gravable por la diferencia que supere dicha cantidad.

Igual situación para los sujetos que obtienen ingresos brutos, es decir, no asalariados exclusivos, si su Renta Neta del ejercicio es igual o inferior a 265.500,00 (1.500 UT), está obligado a declarar pero sólo Rentas Netas Exoneradas, no genera pago de impuesto. En caso que supere esta cantidad, si deberá declarar las dos Rentas Netas y determinar si paga o no ISLR.

5. No tienen derecho a la exoneración, los contribuyentes que presenten la declaración y/o el pago con posterioridad al viernes 31 de marzo de 2016.

6. Se debe esperar las indicaciones del SENIAT, referidas a los contribuyentes que efectuaron pagos de impuestos sin tomar en consideración la exoneración prevista en el Decreto que comentamos. Debe indicarse los mecanismos para la devolución o como ocurrió el año pasado para tenerlo como un crédito fiscal cedible o descontable en las futuras declaraciones.

A continuación transcribo íntegramente el Decreto 2.680, aquí comentado. Nos encontramos en una próxima oportunidad.

Decreto N° 2.680 Exonera Del Islr Las Rentas Netas Territorial De Las Personas Naturales Residentes En El País Hasta Por Un Monto En Bolívares Equivalente A 6.000 U.T. Para El Ejercicio 2016
(Gaceta Oficial Nº 41.077 del 18 de enero de 2017)
_______________________________________________________________________________

Decreto Nº 2.680                                                                              17 de enero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículos 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 195 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta concatenado con el artículo 3° del Decreto N° 2.667 de fecha 13 de enero de 2017 mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Revolucionario, se enfrenta en los actuales momentos a una feroz guerra librada por factores internos y externos que persiguen el deterioro de la economía y el debilitamiento del poder adquisitivo de la población, por lo que se hace necesario adoptar las medidas suficientes que permitan garantizar a los venezolanos y venezolanas, el acceso a los bienes y servicios suficientes para la satisfacción de sus necesidades,

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional, fundamenta su política fiscal en los principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, con la finalidad de generar los ingresos suficientes que permitan ejecutar las políticas públicas, con especial énfasis en el ámbito social, procurando especialmente la protección de las familias más vulnerables y el estímulo a la clase media trabajadora,

CONSIDERANDO

Que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé en sus objetivos estratégicos y generales el mejoramiento y la promoción de la eficiencia de la gestión fiscal del sector público, a los fines de generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto económico y social de la política fiscal; lo que se traduce en mayores Ingresos y consecuentemente, en óptima ejecución de los planes y proyectos destinados a atender las necesidades sociales de los venezolanos y venezolanas, sin afectar el ingreso de los asalariados y asalariadas destinado a la vida digna y el buen vivir de sus familias.

DECRETO

Artículo 1º. Se exonera del pago del impuesto sobre la renta, el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país, hasta por un monto en Bolívares equivalente a Seis Mil Unidades Tributarias (6.000 U.T.).

Las personas naturales residentes en el país están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre la renta respecto de la porción de enriquecimiento neto anual de fuente territorial que supere el monto de Bolívares indicado en el encabezamiento de este artículo.

Artículo 2º. La exoneración prevista en este Decreto se aplicará respecto de los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial, obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016.

Artículo 3º. Los contribuyentes que, estando comprendidos en el supuesto de exoneración previsto en el artículo 1°, hubieren declarado y pagado el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016 antes de la entrada en vigencia de este Decreto, tendrán a su favor un crédito fiscal equivalente al monto pagado, hasta la concurrencia de la cantidad exonerada. Dicho crédito fiscal, podrá ser cedido o aplicado a los ejercicios fiscales posteriores.

Artículo 4º. La exoneración a que se refiere este Decreto, no aplicará a los contribuyentes que presenten la declaración definitiva de rentas fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias.

Artículo 5º. El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Artículo 6º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecisiete. Años 206° de la independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADUROS MOROS


Refrendado

miércoles, 18 de enero de 2017


PROVIDENCIA Nº SNAT/2017/0002 SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CALIFICADAS COMO SUJETOS PASIVOS ESPECIALES DE PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DEL PATRIMONIO
(G.O. N° 41.075 del 16/01/2017)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

SNAT/2017/0002                                                                   Caracas 16 de enero de 2017


El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercicio de las atribuciones conferidas en artículo 4, numerales 1,8,10 y 47 y el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CALIFICADAS COMO SUJETOS PASIVOS ESPECIALES DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL PATRIMONIO

Artículo 1°. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer la obligación de presentar Declaración Informativa del Patrimonio para las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales.

Artículo 2°. A los efectos de esta Providencia Administrativa, se entiende por patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico.

Artículo 3°. Los sujetos pasivos señalados en el artículo 1, deberán presentar la Declaración Informativa del Patrimonio, cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa.

Artículo 4°. A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por Portal Fiscal la página Web http:/www.seniat.gob.ve o cualquiera otra que sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

Artículo 5°. Los sujetos pasivos que no cumplan con las presente Providencia Administrativa, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.

Artículo 6°. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,


JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria Decreto Nº 5.851 de fecha 01/02/2008
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.863 de fecha 01/02/2008

lunes, 19 de diciembre de 2016

PROVIDENCIA N° 0122 SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES FORMALES EN LA FACTURACIÓN PARA EL CASO DE LA REBAJA DE LA ALÍCUOTA AL 10% POR PAGO ELECTRÓNICO DE LOS CONSUMIDORES FINALES
(G.O. 41.052 de Fecha 14/12/16)
_______________________________________________________________________

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

SNAT/2016/0122

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 4, numerales 1, 8, 33, y 47 y el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. ‘publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014; de conformidad con el artículo 3 del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela N° 6.256 Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se decretó el Estado de Emergencia de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 2.548 por sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.272 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2016, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FORMALIDADES PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS, DECLARACIÓN Y PAGO POR LAS VENTAS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS A PERSONAS NATURALES QUE SEAN CONSUMIDORES FINALES, GRAVADAS CON LA ALÍCUOTA IMPOSITIVA GENERAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL DIEZ POR CIENTO (10%).

Artículo 1°. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las formalidades para la emisión de la factura, declaración y pago del impuesto al valor agregado, que deben cumplir los sujetos pasivos que realicen ventas de bienes corporales y presten servicios a personas naturales que sean consumidores finales hasta por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00), gravadas con la alícuota impositiva general del impuesto al Valor Agregado del diez por ciento (10%), siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

Artículo 2°. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior, además de los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa que regula el Régimen General de Emisión de Facturas y otros Documentos, deberá indicar la alícuota del diez por ciento (10%) del impuesto al valor agregado, cuando el consumidor final cumpla con la condición establecida en el Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 3°. Los sujetos pasivos podrán continuar utilizando el medio de emisión de factura que hayan adoptado o que estén obligados a utilizar, siempre y cuando el mismo se pueda adecuar a los requisitos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 4°. En caso que no sea posible la adecuación de la máquina fiscal, deben utilizar formatos elaborados por imprentas autorizadas, el cual debe reflejar la alícuota del impuesto al valor agregado aplicable por las operaciones señaladas en el artículo 2° de esta Providencia Administrativas, indicando en forma mecánica o manual que se realiza conforme al Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 5°. Los sujetos pasivos obligados a cumplir con las formalidades establecidas en esta Providencia Administrativa, deben presentar la declaración y pago del impuesto al valor agregado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas a través del Portal Fiscal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, deben adaptar los modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para incluir la rebaja de la alícuota, dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa.

De igual manera, los sujetos pasivos deben solicitar la adaptación de las Máquinas Fiscales a sus Proveedores o fabricantes autorizados por este Servicio, dentro del plazo establecido en esta Disposición Transitoria.

SEGUNDA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, cuyos modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria no tengan la capacidad técnica para ser adaptados, deberán notificarlo por escrito, especificando los motivos ante la Gerencia de Fiscalización de este Servicio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria deberá publicar en su portal fiscal una lista de los modelos que no puedan adecuarse técnicamente a lo establecido en la presente Providencia Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por Portal Fiscal la página Web htto://www.seniat.aob.ve o cualquiera otra que sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

SEGUNDA. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela.


Comuníquese y publíquese.

DECRETO 2.602 REBAJA DE LA ALÍCUOTA GENERAL AL 10% PARA VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS MENORES A Bs. 200.000,00 A CONSUMIDORES FINALES QUE PAGUEN DE FORMA ELECTRÓNICA
(G.O. 41.052 de Fecha 14/12/16)
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Decreto N° 2.602

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 eiusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 27 y 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado y de acuerdo a lo preceptuado en Artículo 30 del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 2.548, de fecha 13 de noviembre de 2016, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO No 34 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA QUE ESTABLECE LA ALÍCUOTA IMPOSITIVA GENERAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICABLE A LAS OPERACIONES PAGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 1°. Las ventas de bienes muebles y prestación de servicios efectuadas a personas naturales que sean consumidores finales, hasta por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00), serán gravadas con la alícuota impositiva general del impuesto al Valor Agregado del diez por ciento (10%), siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

Cuando las referidas operaciones sean pagadas a través de medios no electrónicos, se aplicará la alícuota general impositiva prevista en el Artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 2°. La rebaja de la alícuota a que se refiere este Decreto, no aplicará cuando la modalidad de pago electrónico coexista con alguna otra forma de pago.

Artículo 3°. Están excluidas de la rebaja de la alícuota establecida en este Decreto, las siguientes operaciones:

1. La adquisición de bienes y servicios con el impuesto al valor agregado percibido.
2. Las importaciones definitivas de bienes muebles.
3. La adquisición de metales y piedras preciosas, se entiende como metales y piedras preciosas los siguientes bienes: oro, incluido oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo; la plata; el platino, el cual abarca el iridio, osmio, el paladino, el rodio y el rutenio; las aleaciones de metales preciosos; las piedras preciosas; y el diamante, incluso trabajado, sin montar ni engarzar, sin ensartar o sin clasificar.

Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), estará encargado de la ejecución de este Decreto.

Artículo 5°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de los diez (10) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá una vigencia de noventa (90) días.


Dado en Caracas, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.

domingo, 13 de noviembre de 2016

CALENDARIO 2017 DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES INCUMPLE EXIGENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela identificada con el número 41.026 de fecha 08 de noviembre de 2016, se publicó la Providencia Administrativa N° SNAT/2016/0098, emitida por el SENIAT, en la que se fija el calendario de las obligaciones tributarias que regirá durante el año civil 2017, en materia de Impuesto sobre la renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar (IAJEA).
Señala la referida Providencia, que las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el SENIAT, deberán ser presentadas y en su caso, efectuados los respectivos pagos, según el último dígito del número de R.I.F, en las fechas de vencimiento del calendario que se presenta en dicho instrumento.

Llama la atención, que para los contribuyentes que tienen definido un ejercicio económico coincidente con el año calendario (enero-diciembre), cuyos número de RIF culminan en 1 y 2; 4 y 8; 0 y 5 deben presentar la declaración de Impuesto sobre la Renta y efectuar el pago correspondiente, en caso de ser procedente, los días 31 de enero, 16 de febrero y 09 de marzo respectivamente, tal y como lo dispone el artículo 1 literal “g”. Esta exigencia normativa incumple con el presupuesto legal establecido en el artículo 41 (primer aparte) del Código Orgánico Tributario vigente, lo que conlleva a realiza una modificación de dicho calendario o insistir en su ilegalidad.

Veamos lo señalado en el artículo 41 del Código antes referido:
El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la Ley o su reglamentación establezcan lo contrario. Los pagos realizados fuera de esta fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y generarán los intereses moratorios previstos en el artículo 66 de este Código.
La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de los tributos, con carácter general para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder de quince (15) días hábiles.

Exige la norma antes transcrita, que la diferencia entre los días para los dos grupos de contribuyentes y responsables, no podrá exceder de quince (15) días hábiles, es decir, entre los sujetos pasivos no especiales y los designados como especiales, el SENIAT no podrá establecer entre ellos, fechas de cumplimientos de obligaciones (formales y materiales) con diferencias superiores a quince (15) días hábiles. La fecha para el grupo de sujetos especiales no podrá ser superior o inferior (el legislador no distingue) a quince (15) días hábiles en comparación con el lapso legal o reglamentario para el resto de los sujetos pasivos.

Así tenemos, lo señalado en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuando establece:

Artículo 146. Las declaraciones de rentas definitivas deberán ser presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable del contribuyente, ello sin perjuicio de las prórrogas que otorgue la Administración Tributaria.
Parágrafo Único. Los plazos legales y reglamentarios se contarán de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.
 La norma reglamentaria otorga un plazo de tres (3) meses una vez culminado el ejercicio del sujeto pasivo, para cumplir con la obligación formal de presentar la declaración anual de sus rentas, es por ellos que para la mayoría de los contribuyentes, el plazo vence el 31 de marzo de cada año, salvo la prórroga legal que ordena el artículo 10 del Código Orgánico Tributario cuando ese lapso vence un día inhábil.

Observamos con claridad, que para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que tienen un ejercicio civil regular (enero-diciembre), el viernes 31 de marzo de 2017, vence el plazo para cumplir con dicha obligación. Este plazo es el que puede ser modificado por el SENIAT cumpliendo con las exigencias descritas en el artículo 41 del Código, dentro de esas exigencias nos encontramos que para el grupo de sujetos pasivos definidos como especiales por la Administración Tributaria, la reducción o ampliación del plazo reglamentario anterior no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Para el caso que nos ocupa, la reducción del plazo para la exigencia de la declaración y pago del Impuesto sobre la Renta de los contribuyentes especiales cuyos números del RIF terminan en 1 y 2; 4 y 8; 0 y 5, se extralimita en el cumplimiento de dicha exigencia, al sobrepasar con crese el límite temporal determinado por el Código. Cuando la Providencia exige que para esos contribuyentes la declaración y pago debe realizarse el 31 de enero y 16 de febrero, dicha reducción del plazo reglamentario supera los quince (15) días hábiles establecidos como límite a las facultades del SENIAT.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 1 y 2, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 31 de enero, se extiende a cuarenta y un (41) día hábiles.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 4 y 8, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 16 de febrero, se extiende a veintinueve (29) día hábiles.

Para los contribuyentes especiales cuyo RIF terminan en 0 y 5, la reducción del plazo reglamentario al exigirle la declaración y pago el 09 de marzo, se extiende a dieciséis (16) día hábiles

De esta descripción se puede apreciar el incumplimiento por parte del SENIAT en la emisión y publicación de la Providencia Administrativa 0098, lo que amerita una nueva publicación corrigiendo y adaptándose a los plazos exigidos por el Código Orgánico Tributario, para estos contribuyentes calificados como especiales.


Con el presente artículo, busco iniciar un debate sobre los hechos aquí nardos y despertar el interés sobre los diferentes temas tributarios. Nos constatamos en los próximos días.