miércoles, 12 de febrero de 2014

Providencia N° 003/2014 Criterios Contables Generales para la Determinación de Precios Justos
(Gaceta Oficial Nº 40.351 del 7 de febrero de 2014)
__________________________________________________

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO
ECONÓMICOS

Caracas, 07 de febrero de 2014
203º, 154º y 14º

Providencia Administrativa Nº 003/2014

La Superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), designada mediante Decreto N° 750, de fecha 24 de enero de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.341 de fecha 24 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 12, numerales 1, 2, 6, 16; 20, numerales 2, 6 y 7; 25, 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.340, de fecha 23 de enero de 2014;

Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional y el establecimiento de precios justos, mediante el análisis de las estructuras de costos para la consolidación del orden económico socialista productivo;

Por cuanto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, ejerce la rectoría en materia de estudio, análisis, control y regulación de márgenes de ganancias y precios;

Por cuanto, corresponde a esta Superintendencia el diseño e implementación de los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos; así como la emisión de la normativa necesaria para la implementación del referido instrumento legal; estableciendo la categorización de bienes y servicios, para lo cual puede establecer regímenes de regulación, requisitos, condiciones, o mecanismos de control;

Por cuanto la normativa legal vigente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela así como los Principios de Contabilidad de Aceptación General en el país, establecen un conjunto de criterios aplicables a la contabilidad de las empresas.

Vista la necesidad de sincerar las estructuras de costos de los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos para garantizar el derecho de la población venezolana de acceder a bienes y servicios; así como, garantizar la estabilidad de los precios y el desarrollo justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional;

Dicta la presente,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE FIJAN CRITERIOS CONTABLES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS JUSTOS

Artículo 1
Objeto
La presente providencia administrativa tiene por objeto establecer criterios contables generales que deberán utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan determinar precios justos.

Artículo 2
Criterios
Serán criterios de cumplimiento obligatorio en la contabilidad de los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos los que a continuación se mencionan:

1. Los costos de producción son apenas una parte de la información financiera, que se genera, prepara y presenta, con base en el desempeño de sus operaciones, la valuación de todos los eventos que la afectan y la aplicación de un conjunto de normas, principios y políticas contables adoptadas por los sujetos de aplicación. Por consiguiente, no podrá existir control sobre los costos por parte de los sujetos de aplicación, si no se regula y se lleva un control integral sobre toda la información financiera. Es responsabilidad de los sujetos de aplicación, garantizar que la contabilidad integre y conecte toda la información financiera en un único sistema de información, bajo una arquitectura informática también integrada y confiable.

2. La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable, con apego a los Principios de Contabilidad de Aceptación General vigentes en la República Bolivariana de Venezuela y demás marco normativo aplicable.

3. El costo será el valor de los elementos necesarios asociados directa e indirectamente para la producción de un bien o la prestación de un servicio.

4. Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción (gastos del período) son diferentes. El costo de producción comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación para darle al producto o servicio su condición de terminado o prestado. Los gastos ajenos a la producción serán, los gastos de administración, de representación, publicidad y venta, entre otros.

5. Los inventarios son activos mantenidos para: ser vendidos en el curso normal de la operación del negocio; en proceso de producción para su posterior venta; o en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

6. Los elementos del costo de producción incluirán: costos de adquisición de materiales y materias primas y los costos de conversión o transformación, para darle a los productos o servicios su condición de terminados o prestados. En cualquier caso, se incluyen y se reconocen entre los costos de producción sólo en la medida en que se incurran y sean necesarios para llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados.

7. Forman parte de los costos de adquisición de materiales y materias primas: el precio o valor de compra de los materiales; aranceles de importación, gastos de importación (seguro de flete marítimo, almacenamiento primario, etc.) y otros impuestos (no recuperables); transporte, y manejo de materiales; almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de materiales, productos terminados y servicios. En cualquier caso, la determinación de los costos de adquisición deberá cumplir con la regulación establecida en materia de precios de transferencia.

8. Forman parte de los costos aquellos presentes en la conversión o transformación: mano de obra directa; costos indirectos de producción fijos (distribución en base a la capacidad normal de trabajo de los medios de producción); costos indirectos de producción variables (distribución en base al nivel real de uso de los medios de producción); y costos indirectos de producción mixtos (los que poseen una porción fija y otra variable).

9. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto, a través de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los productos y los subproductos, utilizando bases uniformes y racionales.

10. Sólo se reconocerán como parte de los costos de producción los valores necesarios en condiciones de eficiencia normal. Todo desperdicio o uso anormal de los factores de producción no será atribuible al costo y por tanto, se excluirá de la base de cálculo del precio justo.

11. Estarán excluidos de los costos de producción: cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra y otros costos de producción; costos de almacenaje, a menos que sean necesarios en el proceso de producción, previos a un proceso de elaboración ulterior; los costos ya reconocidos como costos de venta; costos relacionados al financiamiento; costos indirectos que no contribuyen a llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados.

12. Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de costos de producción del bien o prestación del servicio, determinada conforme a la presente providencia administrativa aquellos gastos ajenos a la producción, gastos del ejercicio hechos en el país, causados en el ejercicio, considerados normales y necesarios para la realización de sus operaciones medulares. En ningún caso la cantidad de gastos ajenos a la producción incorporados a la estructura de costos excederá del doce con cinco décimas por ciento (12,5%) del costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio determinada antes de la incorporación de los gastos ajenos a la producción.

13. Los gastos de distribución, solo serán reconocidos como elemento de costos a los sujetos de aplicación que llevan a cabo esta actividad (distribuidores).

14. Los tributos, las donaciones y liberalidades los gastos por muestras sin valor comercial y otros egresos, a criterios de la SUNDDE no forman parte del costo.

15. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representará un costo, cuando este no pueda ser recuperado o trasladado conforme a las leyes respectivas, y dicha situación no sea imputable al sujeto de aplicación.

16. Los costos indirectos deben ser razonables con respecto a la misma estructura de costos de la actividad económica que desempeña el sujeto de aplicación en la cadena de producción, importación y/o comercialización, basados en los conceptos y definiciones descritas en esta providencia administrativa.

Artículo 3
Adecuación de la estructura de costos
El costo asociado a la estructura de costos de la producción de un bien o la prestación de un servicio será el costo real de producción determinado en función del artículo segundo de esta providencia administrativa.

Artículo 4
Técnicas alternas de Medición de los Costos e Inventarios
Cuando la naturaleza de las operaciones dificulte o haga impracticable la determinación o seguimiento frecuente (diario o semanal) del costo real de producción, los sujetos de aplicación podrán, bajo la expresa autorización previa por escrito de la SUNDDE, utilizar las siguientes técnicas de medición, siempre que el resultado de aplicarlas se aproxime al costo real de producción:

1. Costeo Estándar: Es un costeo predeterminado que resulta del análisis objetivo de todas las variables de producción, para concluir sobre el costo que se debe incurrir en cada fase y para cada elemento de costo en un proceso eficiente. Los estándares deben establecerse a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad instalada. La determinación y cálculo de los costos estándares debe ser sometido a revisión, por parte del sujeto de aplicación, de forma regular y periódica (por lo menos, cada cuatro meses). Si las condiciones cambian, el costo estándar debe ser modificado. El resultado de aplicar costo estándar debe aproximarse al costo real. Para la determinación del precio justo, se reconocerá el menor entre el costo real y el costo estándar.

2. Método de los Minoristas: El método de los minoristas se puede utilizar siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que sea utilizado en inventarios que sean integrados por una gran cantidad de artículos que rotan velozmente; que los márgenes de comercialización sean similares; que sea impracticable utilizar otros métodos de cálculo de los costos. El margen bruto determinado debe ser revisado constantemente y debe ser aplicado por promedios seleccionados por cada sección o departamento comercial, y en ningún caso puede superar la alícuota de ganancias establecidas en las normativas vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5
Fórmulas de Cálculo del Costo
En la adecuación de las estructuras de costos del artículo 3 de la presente providencia administrativa serán criterios de aplicación las fórmulas de cálculo del costo establecidas en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en la República Bolivariana de Venezuela. Estas fórmulas establecen:

1. Cuando sea posible identificar los costos asociados a cada artículo específico producido o servicio prestado, se debe utilizar obligatoriamente la identificación específica de costos.

2. Cuando resulta impracticable la asignación de costos a cada artículo específico producido o servicio prestado, se pueden utilizar los siguientes métodos de selección de existencia final: Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS); o Costo Promedio Ponderado (CPP).

3. Se debe utilizar la misma fórmula de costo para todos los inventarios de una misma naturaleza y uso similar. Pueden justificarse diferentes fórmulas de costo para inventarios de naturaleza y uso diferentes, bajo las condiciones establecidas en los parágrafos anteriores. Se debe aplicar el tratamiento de forma consistente una vez elegida una fórmula de costo

Artículo 6
Auditoría de Estructuras de Costo
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos tendrá la potestad de efectuar las auditorías que considere apropiadas a fin de satisfacer la razonabilidad de las estructuras de costos que sustentan los precios determinados por los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Estas auditorías podrán ser ejecutadas articuladamente con otras instituciones del Estado con competencia aplicable.

Al inicio de la auditoría el sujeto de aplicación deberá poner a disposición de los funcionarios auditores toda la información que al efecto, mediante providencias administrativas, le haya sido solicitada. Los requerimientos deberán consignarse en un máximo de cinco (5) días hábiles.

Las estructuras de costos que los sujetos de aplicación preparen a los efectos de la presente providencia administrativa, deberán referirse a un mismo período contable, el cual deberá estar claramente identificado. Asimismo, las partidas y elementos presentados en los estados financieros y otra información requerida, deberá cumplir con los atributos contables que de seguida se relaciona: ocurrencia, integridad, exactitud, corte (período contable) y clasificación apropiada.

Artículo 7
Sanciones
El incumplimiento de la presente providencia administrativa será sancionado de conformidad a las previsiones del artículo 49, numeral 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.

Artículo 8
Límites a las Ganancias
Los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos deberán respetar los límites a las ganancias previstos en dicha Ley.

Artículo 9
Vigencia
La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese y cúmplase,


ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE)

domingo, 2 de febrero de 2014


LA SANCIÓN POR NO REEMBARCAR LOS CONTEINER EN EL TIEMPO ESTIPULADO ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

En esta oportunidad abordamos un tema de aduanas que ha traído en los últimos tiempo, algunos criterios aplicado por el SENIAT al momento de aplicar sanciones por no reembarcar los conteiner dentro de los tres (3) meses siguientes a su entrada al territorio aduanera nacional. La Administración  Aduanera sostiene que la sanción aplicable corresponde a la señalada en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). Por otra parte, existe la otra corriente que afirma que la sanción correspondiente por este incumplimiento debe ser sancionado por el artículo 121 numeral 6” de la LOA.

En efecto, de acuerdo al contenido de los artículos 79, 80 y 81 del Reglamento de la LOA “…cuando un conteiner sea un elemento de equipo de transporte, destinado a prestar un servicio de carga, como ocurre en el caso de autos su ingreso es temporal y están exceptuados del cumplimiento de las formalidades previstas para el régimen de admisión temporal, pautada en la materia aduanera vigente, por no ser considerado por la legislación aduanera como mercancía, ni ser la finalidad que tal implemento de transporte cumple, debiendo ser ‘reembarcado’ en un plazo de tres (03) meses siguientes a su entrada a territorio aduanero nacional”. 

De la transcripción que antecede se puede inferir que solo cuando los aludidos contenedores sean utilizados como “elementos de transporte” gozan de la excepción prevista en dicha norma, ya que de lo contrario estarán sujetos al pago de impuestos, tasas y demás requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento para la importación o exportación de mercancía, según sea el caso; vale decir, que de acuerdo al fin para el cual sean introducidos a territorio aduanero nacional, los contenedores pueden ser considerados implementos de carga o simplemente mercancías.

El artículo 118 de la LOA dispone:

Artículo 118.- La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro del plazo vigente, de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal, o su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para la concesión del permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de las mercancías”.

La norma antes referida prevé la imposición de sanción por la falta de reexpedición de las mercancías que hayan ingresado al territorio aduanero nacional bajo el régimen de admisión temporal, la cual va dirigida a los titulares de tales efectos, precisamente por enmarcarse sobre las mercaderías objeto de esa operación aduanera.

Cuando los conteiner ingresen como equipos de transporte, a los efectos de prestar un servicio de carga, no pueden ser calificados como “mercancías”, puesto que en primer lugar, no forman parte de la operación de comercio exterior objeto de importación; en segundo lugar, se observa que tales bienes no arribaron al territorio aduanero nacional bajo la especial figura de admisión temporal de mercancías, sino que se trata de contenedores que ingresaron temporalmente con el objeto de servir de transporte de los productos importados; que no fueron  reembarcados dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su entrada al territorio aduanero nacional por el Agente Naviero, en su carácter de Auxiliar de la Administración Aduanera, tal como lo exige el precitado artículo 79 del Reglamento de la LOA.

Por otra parte los Operadores de Transporte (Agentes Navieros) o auxiliares de la Administración Aduanera, están señalados en el artículo 145 de la LOA, que establece lo siguiente:

Artículo 145.- Además de los Agentes de Aduana, son auxiliares de la Administración Aduanera las empresas de almacenamiento o depósito aduanero, Almacenes Generales de Depósito, Mensajería Internacional, Consolidación de Carga, Transporte, Verificación de Mercancías, Cabotaje, Laboratorios Habilitados, los cuales deberán estar inscritos en el registro correspondiente y autorizados para actuar por ante la Administración Aduanera, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Asimismo, el artículo 121 de la LOA dispone el régimen sancionatorio aplicable a los auxiliares de la Administración Aduanera, en virtud de las infracciones cometidas por la acción u omisión verificada en el ejercicio de sus funciones, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 121.- Las infracciones cometidas por los auxiliares de la Administración Aduanera: transportistas, consolidadores, porteadores, depositarios, almacenistas, agente de aduanas, mensajeros internacionales, serán sancionadas de la siguiente manera:
(…)
6) Cuando impidan o retrasen el ejercicio de la potestad aduanera, con multa equivalente entre cien unidades tributarias (100 U.T.) y mil unidades tributarias (1.000 U.T.).”

Los Agentes Navieros son calificados como un operador de transporte y por tanto, auxiliar de la Administración Aduanera, conforme lo dispone el artículo 145 y además, no se trata de mercancías, por lo que mal podría sostenerse en el presente caso la aplicabilidad de la sanción prevista en el artículo 118 eiusdem.

No debe haber lugar a dudas, que el régimen sancionatorio previsto en el artículo 118 de la LOA, está dirigido a los propietarios de las mercancías ingresadas bajo el régimen de admisión temporal, en razón de que es a esos titulares a quienes se les otorga la autorización para la introducción del material importado bajo ese régimen especial y quienes en principio son los que pueden detentar la disponibilidad de dichos efectos, pues si bien, los operadores de transporte tienen responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que la mencionada ley prevé en su artículo 121 las sanciones que pudieran aplicárseles en caso de inobservancias a los postulados normativos que rigen sus actuaciones.

Por lo tanto, la multa por no reembarcar los equipos de transporte que entraron temporalmente llenos de mercancías dentro de los tres (3) meses siguientes a su arribo, será el término medio el cual oscila entre cien unidades tributarias (100 U.T.) y mil unidades tributarias (1.000 U.T.), vale decir, quinientas cincuenta unidades tributarias (550 U.T.).

Este último criterio es acogido por el Tribunal Supremo de Justicia, en varias sentencias de su Sala Político-Administrativa, dentro de las cuales podemos citar la Nº 00817 del 04/08/2010; la Nº 0757 del 02 /06/2011.

Nos contactamos en próximas entregas.

sábado, 1 de febrero de 2014

TIPS QUE DEBEN CONOCER LAS PERSONAS NATURALES PARA PREPARAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) 2014

Por:   Gustavo A. Zambrano M
          tavozam@gmail.com
         @tavozambrano

Nos encontramos nuevamente para contribuir en esta oportunidad con la preparación de la declaración del ISLR de las personas naturales para el ejercicio 2013, el cual deberá cumplirse antes del lunes 31 de marzo del presente año. A continuación les presento 10 aspectos relevantes a considerar para esta obligación tributaria:

1. Están obligados a declarar el ISLR todas las personas naturales residentes en el país que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a mil unidades tributarias (1.000 U.T.) equivalentes a Bs. 107.000,00 durante el año civil 2013. Las personas residentes en la República Bolivariana de Venezuela a los fines tributarios, son aquellas que permanecieron en su territorio por más de ciento ochenta y tres (183) días de manera continua o discontinua durante el año 2013 o en el ejercicio 2012; independientemente de su nacionalidad, es decir, un extranjero puede ser considerado a los fines tributarios, como un residente o domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela y por tanto obligado a declarar sus renta global neta.

Hay una presunción de domiciliado o residente en la República Bolivariana de Venezuela, y ello es, a los que posean la nacionalidad venezolana, salvo que demuestre lo señalado en el párrafo anterior.

Esa persona natural, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela debe haber obtenido únicamente como fuente de ingresos, el producto de su trabajo bajo relación de dependencia, es decir, que este supuesto sólo aplica para los empleados formales con contratos de trabajos de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El Estatuto de la Función Pública, y demás leyes que regulan el empleo en nuestro sistema de seguridad social imperante.

Si la persona natural residente se encuentra en la economía informal, realiza servicios profesionales no mercantiles, obtiene ingresos producto de arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, etc; no le aplicarían las reglas señaladas en este punto, la cual trataremos un poco más adelante.

Siguiendo con el planteamiento inicial, nos encontramos con una persona natural, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, asalariada que haya recibido de su patrono por concepto de sueldos, salarios, emolumentos, dietas, gastos de representación, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares distintas de los viáticos. Estas remuneraciones deben haber alcanzado por lo menos los Bs. 107.000,00 durante el año 2013, para que esté obligado a declarar, independientemente que pague o no impuesto después que realice la determinación de la obligación tributaria.

Basta que haya obtenido los Bs. 107.000,00 durante el ejercicio 2013, para que exista la obligación formal de presentar su declaración de ISLR.

La suma de Bs. 107.000,00 es producto de aplicar el valor de la unidad tributaria vigente para el ejercicio 2013 (Bs. 107,00) por las 1.000 U.T. que es el monto fijado para hacer obligatoria la presentación de la declaración, aunque la disposición de la ley y el reglamento nos señala “monto superior” a 1.000 U.T, lo que significa que debe ser la remuneración percibida igual a Bs. 107.000,01 para estar en presencia de la obligación de declarar.

Si la persona natural, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, asalariada recibió durante el ejercicio 2013 una suma menor a la indicada anteriormente, no se origina la obligación de presentar la declaración del ISLR para ese ejercicio fiscal. Nadie podrá exigirle la presentación de la declaración, si su patrono le informa a través del formulario o comprobante de remuneraciones percibidas que debe entregar a los empleados una vez concluido el ejercicio fiscal (ARC), que le pago menos de los Bs. 107.000,00. Ese comprobante de remuneraciones percibidas será la prueba de que no obtuvo el mínimo exigible para presentar la declaración. No existe por parte del SENIAT ningún documento que expida, para aquellos contribuyentes que no declaran ISLR, es decir, no se emiten certificados de no contribuyentes que existió en el pasado.

2. Están obligados también a declarar el ISLR todas las personas naturales residentes en el país que obtengan ingresos brutos mayores a mil quinientas Unidades Tributarias (1.500 U.T.) equivalentes a Bs. 160.500,00 durante el año civil 2013. Para este caso aplica las mismas reglas señaladas en el punto Nº 1 del presente estudio, en lo referente a los residentes en la República Bolivariana de Venezuela. Las variantes se encuentran en las fuentes de los ingresos y en el monto de los mismos para nacer la obligación formal de presentar las declaraciones.

En relación el primer aspecto, debemos decir que se trata ya de una persona natural cuyos ingresos no son exclusivos de sueldos y salarios, sino que tiene otra fuente de ingresos distinta a las remuneraciones por servicios personales bajo relación de dependencia. Nos estamos refiriendo a las personas naturales residentes en Venezuela que se encuentran en el libre ejercicio profesionales no mercantiles, prestan servicios, obtiene arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, obtiene intereses por préstamos, etc. Es decir, no reciben sueldos, salarios, emolumentos, dietas, gastos de representación, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares obtenidos por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia.

Para esta categoría de contribuyentes, las reglas de la determinación de la renta a declarar son diferentes porque a ellos les está permitido deducir de los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, aquellos gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades y dirigidos a mantener esa fuente de ingresos. Es por ello, que el requerimiento es mayor en cuanto a los ingresos brutos que vendría hacer el primer parámetro de la determinación de la obligación, luego deducen los gastos necesarios y posteriormente los desgravamen y así se determina la renta neta fiscal.

Los ingresos brutos deben haber alcanzado por lo menos los Bs. 160.500,00 durante el año 2013, para que esté obligado a declarar, independientemente que pague o no impuesto después que realice la determinación de la obligación tributaria. Basta que haya obtenido los Bs. 160.500,00 anual para que exista la obligación formal de presentar su declaración de ISLR. Aunque al igual que el punto Nº 1, la norma legal y reglamentaria nos señala que “monto superior” a 1.500 U.T, es decir pudiéramos interpretar que el monto exigido para que nazca la obligación de declara es que al menos alcance la suma de Bs. 160.500,01.

Particular referencia hago, para aquellas personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela que durante un ejercicio fiscal obtengan sueldos y salarios por ser trabajador bajo relación de dependencia y también obtienen ingresos brutos producto de ejercicios profesionales, arrendamientos, préstamos, etc. Para ellos, deben aplicar ambas reglas para determinar su obligación de pagar ISLR, tomando en cuenta, que se consideran como enriquecimientos netos los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares, distintas de los viáticos, obtenidos por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, es decir, que no hay deducciones para estas remuneraciones porque ya el legislador lo consideró renta neta (Art. 31 LISLR). En cuanto a las otras fuentes de ingresos, se debe realizar la determinación para luego saber la renta neta por las actividades gravadas distintas a sueldos y salarios. Obtenidas ambas rentas, las suma y obtiene la renta neta fiscal sobre la cual realizara la deducción de los desgravamen por ser persona natural residente y allí se fijará la base imponible sobre la cual le aplicará la tarifa impositiva prevista en la Ley, en caso de no existir pérdidas de años anteriores no rebajadas.

Para estos últimos contribuyentes que poseen rentas mixtas (rentas netas sueldos y salarios y rentas netas por ingresos brutos) en mi opinión deben cumplir con la obligación de presentar la declaración de ISLR cuando alcancen el mínimo por sueldos y salarios o por ingresos brutos, cualquiera que se dé primero, nace para él la obligación de declarar.

3. Los cónyuges no separados de bienes “deben” declarar conjuntamente sus enriquecimientos o pérdidas, es decir, la regla general de toda comunidad conyugal vigente es presentar una sola declaración de ISLR, declarando los enriquecimientos netos fiscales que obtienen cada uno de los cónyuges. Esta misma afirmación debe leerse para las uniones estable entre un hombre y una mujer, aunque no se hayan casado (concubinos u otras)

Cuándo se entiende que existe una separación de bienes y por tanto, se rompe la obligación fiscal de realizar una sola declaración de ISLR, cuando los cónyuges antes de contraer matrimonio celebran capitulaciones matrimoniales, es decir separan sus bienes y los frutos a futuros que se obtengan una vez contraídas las nupcias. También se pueden separa de bienes por sentencia o declaración judicial en procesos de divorcios o separación de cuerpos entre cónyuges. Para estos casos, es evidente que cada cónyuge presente por separado sus declaraciones, determinando cada uno sus rentas netas fiscales; constituyendo estos hechos una excepción a la obligación de declara conjuntamente los cónyuges.

Otras excepciones a esta obligación, la tenemos cuando la esposa decida voluntariamente declarar por separado las renta provenientes de sueldos, salarios, emolumentos, dietas, gastos de representación, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares obtenidos por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia; y los honorarios y estipendios que provengan del libre ejercicio de profesiones no comerciales.

Como podemos observar, es la mujer la que toma la decisión, el esposo no tiene ese derecho de elegir la separación de las rentas provenientes de sueldos u honorarios profesionales. Son tres (3) las excepciones taxativas a la obligación de declarar por separado; i) separación de bienes, ii) cuando la esposa decida separar los sueldos y salarios y iii) cuando la esposa decida separar los honorarios profesionales obtenidos.

El resto de los enriquecimientos obtenidos por el esposo y la esposa deben declarase obligatoriamente de manera conjunta, tales como sería el caso de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, préstamos otorgados por la comunidad con intereses, rentas por enajenación de inmuebles, rentas por enajenación de bienes muebles, cesión de uso de bienes intangibles, etc. También deben declarar conjuntamente cuando posean rentas de bienes propios que administren por separado.

4. El cónyuge que declare por separado tendrá derecho a gozar individualmente de los desgravámenes previstos en la Ley, siempre y cuando haya asumido el gasto y lo haya pagados el cónyuge que lo solicite. Para los casos de declaración por separado, los desgravámenes no podrán declararse por ambos cónyuges en un 100% cada uno, deberán deducirlo en la proporción en que hayan cancelado cada uno de ellos, si sólo los pagó uno de ellos, el otro no tendrá la opción de rebajarlos.

5. Las personas Naturales residentes en el país, gozarán de la deducción de los desgravámenes previstos en la Ley. Las personas físicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, una vez determinada su renta neta (para aquellos que obtienen ingresos brutos o mixtos), disfrutarán de la deducción de ciertos gastos reconocidos por el legislador y que son atribuibles a erogaciones necesarias para el mantenimiento y subsistencia del contribuyente y su familia.
El contribuyente tiene dos (2) opciones para aplicar estos desgravámenes:

a) Desgravamen comprobado, son aquellas erogaciones taxativas que tienen un límite cuantitativo y el contribuyente está en la obligación de conservar los comprobantes y facturas para entregarlos a requerimientos del SENIAT.

Estas erogaciones son: i) Lo pagado a los institutos docentes del país, por la educación del contribuyente y de sus descendientes no mayores de veinticinco (25) años. Este límite de edad no se aplicará a los casos de educación especial.; ii) Lo pagado por la persona natural residente a empresas domiciliadas en el país por concepto de primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Sólo está permitido como desgravamen la prima cancelada por el seguro del contribuyente, no extiende la norma a sus ascendientes, descendientes ni cónyuge; iii) Lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización, prestados en el país al contribuyente, cónyuge, ascendientes y descendientes bajo su responsabilidad y iv) Lo pagado por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal o de lo pagado por concepto de alquiler de la vivienda que le sirve de asiento permanente del hogar. El desgravamen autorizado no podrá ser superior a mil (1.000) unidades tributarias equivalentes a Bs. 107.000,00, por ejercicio en el caso de cuotas de intereses de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal o de ochocientas (800) unidades tributarias, equivalente a Bs. 85.600,00 por ejercicio en el caso de lo pagado por concepto de alquiler de la vivienda que le sirve de asiento permanente del hogar.

Para todos estos casos, las erogaciones realizadas por el contribuyente y que vayan a ser aplicadas por él como desgravamen, deberán corresponder a cantidades realmente pagadas dentro del ejercicio gravable. No basta que se causen en el ejercicio fiscal, las mismas deben estar pagadas efectivamente en el propio ejercicio para poder ser deducidas.

Estos desgravámenes no serán procedentes, cuando se hayan podido deducir como gastos o costos en la determinación del enriquecimiento neto, por parte de aquellos contribuyentes que obtienen ingresos brutos producto de operaciones o actividades independientes y no los prestados bajo relación de dependencia. Si esto fuere así, estaría rebajándose los mismos en dos (2) oportunidades.

No procederán los desgravámenes de las cantidades reembolsables al contribuyente por el patrono, contratista, empresa de seguros o entidades sustitutivas.

Cuando varios contribuyentes concurran al pago de las erogaciones correspondiente a las primas de seguro y a los gastos educativos, los desgravámenes por tales conceptos se dividirán entre ellos.

Adicionalmente, estas erogaciones deben estar amparadas por facturas o documentos que sean emitidos de acuerdo a la normativa sobre facturación vigente, que es la Providencia 00071 publicada en la Gaceta Oficial N° 39.795 de fecha 08 de noviembre de 2011.

Los pagos realizados por guarderías o maternal de sus menores hijos forman, parte de los desgravamen ya que estos niveles constituyen parte de la educación inicial de los niños y niñas en edades de cero a seis años, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación.

En relación a las actividades extracurriculares (deportes, música, ballet, etc)  implementadas por los planteles educativos, se discute si pueden ser considerados como desgravamen a los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, unos consideran que estas actividades forman parte de la educación integral de los niños y niñas y por tanto entran en el desgravamen. Para la Administración Tributaria no forman parte del concepto de educación señalado en el art. 59 de la Ley, por ello no deben ser imputados por el contribuyente. En caso de ser pagados en la facturas del colegio, estos gastos deben rechazarse y solo imputar de la factura lo gastado por la mensualidad del colegio por servicios de educación formal.

En relación a los pagos extraordinarios, bonos, contribuciones, etc que se paguen al colegio que superen los límites de la Resolución DM-046 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la  Educación, que fija el límite máximo de la matricula y de las mensualidades escolares en las instituciones educativas privadas, no deberán ser incorporadas como desgravamen,. Es decir que será deducible sólo el límite máximo fijado por el Ministerio de educación como matricula escolar.

Tanto los gastos por alquileres de la vivienda, educación y médicos necesariamente debe estar soportados por facturas conforme lo exige la Providencia 0071, que establece el régimen de facturación fiscal, de lo contrario no podrán imputarse como desgravamen dichos gastos.

b) Desgravamen único, corresponde a una cantidad fija de setecientos setenta y cuatro (774) unidades tributarias, equivalentes a Bs. 82.818,00 para el ejercicio 2013. Esta elección es totalmente voluntaria por parte del contribuyente de seleccionar el tipo de desgravamen a aplicar para determinar su base imponible y calcular el impuesto.

Para este caso, el contribuyente no tiene la necesidad de comprobar ninguna erogación ni mantener por tiempo limitado los comprobantes de las erogaciones por desgravamen.

Es importante resaltar, que una vez seleccionada la opción por el contribuyente referida a los desgravamen comprobados en su declaración de rentas correspondiente, no podrá variarlo si se realiza una fiscalización y determinación o verificación por parte del SENIAT y los mismos son rechazados por no estar comprobados o no cumplir con las exigencias de facturación o no haber sido pagados, etc, no podrá, entonces solicitar el desgravamen único de la 774 unidades tributarias

Sin embargo, el contribuyente podrá variar a través de declaración sustitutivas el tipo de desgravamen utilizado (comprobado o único), siempre y cuando no se haya notificado la providencia que inicia el procedimiento de fiscalización y determinación.

6. Las personas naturales residentes en el país, gozarán de una rebaja personal de impuesto de diez (10) unidades tributarias, equivalente a Bs. 1.070,00 para el ejercicio 2013. Este beneficio fiscal es acordado siempre y cuando, el contribuyente sea considerado un domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela conforme a las reglas señaladas en el punto Nº 1 del presente estudio. Si la persona natural no cumple con esta permanencia continua en el territorio o en el año anterior, no goza del de la rebaja de impuesto personal.

También, las personas naturales residentes en el país, gozarán de una rebaja por carga de familia de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Diez (10) unidades tributarias equivalente a Bs. 1.070,00 por el cónyuge no separado de bienes. Recordemos las reglas sobre la separación de bienes analizados en el punto Nº 3 del presente trabajo.

No procederá la rebaja del cónyuge cuando ellos declaren por separado. En este caso, sólo uno de ellos podrá solicitar rebaja de impuesto por concepto de cargas de familia.

b) Diez (10) unidades tributarias equivalente a Bs. 1.070,00 por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. No darán ocasión a esta rebaja los descendientes mayores de edad a menos que estén incapacitados para el trabajo, o estén estudiando y sean menores de veinticinco (25) años. Es importante reseñar en esta rebaja por carga de familia, que los ascendientes o descendientes deben estar residenciados en la República Bolivariana de Venezuela y para ello volvemos a mencionar la residencia desde el punto de vista tributario esgrimido en el punto Nº 1; de lo contrario, no pueden ser rebajas por carga de familia, por más que se trate de un hijo o de un padre. Para el caso de no existir los padres, entonces sí podrán ser cargas familiares para la rebaja, los abuelos mantenidos por el contribuyente.

Otro aspecto importante a considerar, es que el ascendiente y el descendiente deben serlo de manera directa, es decir, que los padres del contribuyente excluyen como rebaja por carga de familia, a los abuelos. Si el contribuyente ayuda en la manutención a sus padres y abuelos, sólo se les permite como carga de familia a sus padres, no a los abuelos; por ascendientes vivos sostenidos por el contribuyente le corresponderá 10 U.T equivalente a Bs. 1.070,00 por cada uno.

Esta misma regla debe observarse para los descendientes, es decir, los hijos menores de edad o siendo mayores de edad los mismos están estudiando y son menores de 25 años, ellos excluyen entonces, a los nietos del contribuyente como cargas de familia a la luz de la rebaja de ISLR. Sólo si no existieran hijos, los nietos podrán ser cargas de familia para el ISLR cumpliendo con la exigencia de manutención y minoría de edad o estudio.

Cuando los cónyuges declaren por separado, las rebajas por carga de familias, se concederán a aquél que efectivamente tenga a su cargo los ascendientes o descendientes directos. Si la manutención de los padres y/o hijos descansa sobre un solo cónyuge y este declara separadamente, es él quien tiene derecho a la rebaja de ISLR como carga de familia.

Cuando varios contribuyentes concurran al sostenimiento de los ascendientes directos que son comunes, las rebajas de impuesto se dividirán proporcionalmente entre ellos, salvo que se demuestre que uno o varios de ellos son los que mantienen al ascendiente directo.

7. Especial referencia debo hacer, para el caso de la enajenación del inmueble que sirvió de vivienda principal a la familia. No se incluirán dentro de los ingresos brutos de la contribuyente persona natural, los provenientes de la enajenación del inmueble que le haya servido de vivienda principal, siempre y cuando se materialice concurrentemente los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente haya inscrito el respectivo inmueble como su vivienda principal ante el SENIAT. Los contribuyentes que, por alguna circunstancia, para el momento de la enajenación no hayan registrado el inmueble, deberán probar, a juicio de la Administración, que durante los cuatro (4) años anteriores, el inmueble enajenado fue utilizado como su vivienda principal.

El plazo para solicitar la inscripción en el registro será de un (1) año, contado a partir de la fecha en que el propietario habite el inmueble como vivienda principal.

b) Que el contribuyente haya invertido, dentro de un plazo no mayor de dos (2) años, contados a partir de la enajenación o dentro del año precedente a ésta, la totalidad o parte del producto de la venta en otro inmueble que sustituya el bien vendido como vivienda principal y haya efectuado la inscripción de este nuevo inmueble ante el SENIAT.

Quedan exceptuado de la obligación de adquirir nueva vivienda para gozar del beneficio de no gravamen de los ingresos brutos, los contribuyentes mayores de sesenta (60) años de edad que enajenen la vivienda principal. Los cónyuges no separados de bienes se considerarán como un solo contribuyente, y por tanto bastará que uno de ellos tenga la edad requerida en este parágrafo para que la comunidad conyugal goce del beneficio acordado.

c) El contribuyente deberá notificar al SENIAT una vez realizada la venta, que realizó la enajenación con la intención de sustituirla por una nueva vivienda principal.

La notificación deberá anexarse oportunamente a la declaración definitiva de rentas correspondiente al año gravable en que se efectuó la enajenación. Si el enajenante no estuviere obligado a presentar declaración, la notificación ante el SENIAT deberá presentarse dentro de los tres (3) primeros meses del año civil siguiente a aquél en que se efectuó la enajenación.

Es necesario que se den los tres (3) supuesto para no gravar los ingresos obtenidos en la enajenación de la vivienda principal, esto no aplica para segundas y ulteriores inmuebles; para estos últimos casos deben declararse los ingresos percibidos por la enajenación de los inmuebles.

En caso que el monto de la nueva inversión sea inferior al producto de la venta de la vivienda principal, sólo dejará de incluirse dentro de los ingresos brutos una cantidad igual al monto de la inversión en la nueva vivienda principal, la diferencia constituirá un ingreso bruto que deberá declararse por parte del enajenante persona natural.

Los contribuyentes, personas naturales, que conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 17 de esta Ley, sólo estén obligados a computar dentro de sus ingresos brutos una parte del ingreso derivado de la enajenación del inmueble que le haya servido de vivienda principal, reducirán sus costos por estos conceptos en una proporción igual a la aplicable a los ingresos de acuerdo con lo previsto en el citado parágrafo.

Debo igualmente señalar, que la enajenación de bienes inmuebles origina un pago de anticipo del cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto de la enajenación que deberá cancelar el vendedor y que se descontará de la declaración definitiva de rentas que deberá presentar al culminar su ejercicio económico. Este anticipo no aplica para el caso de la enajenación de la vivienda principal, ya que no está gravado con el ISLR cuando se den los supuestos. Para este caso, los enajenantes deberán presentar al respectivo Juez, Notario o Registrador, previamente al otorgamiento, la constancia del Registro de Vivienda Principal.

8. Desde el ejercicio 2012, las personas naturales deben presentar las declaraciones de manera electrónicas a través del portal fiscal del SENIAT. Ya los contribuyentes personas naturales no pueden elegir la presentación de la declaración de forma manual, constituye un ilícito formal presentar la declaración a través de un medio distinto a los autorizados por el SENIAT.

En lo que se refiere al pago, el mismo debe efectuarse  en caso que aplique, de forma electrónica o manualmente a través de las planillas de pago que imprima el contribuyente desde la aplicación informática una vez efectuada la declaración. Para esta obligación, si puede elegir la forma de pago del impuesto determinado en la declaración.

Debo hacer una importante acotación, en relación al momento en que debe realizarse el pago del impuesto autodeterminado, ya que tiende a confundirse los momentos y pudiera acarrear sanciones e intereses de mora innecesariamente. Me refiero al plazo legal que otorga la Providencia Administrativa Nº 1.697 publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela Nº 37.660 del 28 de marzo de 2003. En ella se establece la posibilidad de dividir el pago del impuesto autoliquidado por las personas naturales hasta en tres (3) porciones de iguales montos. Si la división no es exacta, la diferencia debe pagarse en la primera porción.

Si el contribuyente opta por pagar en una (1) sola porción, el pago se realizará conjuntamente con la presentación de la declaración definitiva a través del portal fiscal, es decir, al momento de registrar electrónicamente la declaración en la página Web del SENIAT, en ese mismo instante debe realizar el pago electrónico o imprimir las planillas y efectuar ese mismo día, el pago ante una oficina de receptora de fondos nacionales, tal y como lo señala dicha Providencia. No hay duda que constituye un error proceder a registrar y declarar electrónicamente el impuesto sobre la renta y dejar para después el cumplimiento de la obligación materias del pago de tributo o la porción de acuerdo al plazo establecido. Inclusive, aún realizando el pago antes del 31 de marzo del 2014, se estaría incumpliendo con lo señalado en el instrumento antes reseñado.
La norma es muy clara cuando señala que el pago del tributo debe efectuarse conjuntamente con el registro y la declaración efectuada por el contribuyente, amarrando de esta manera el deber formal y el deber material en una misma oportunidad. No se establece en la Providencia ninguna distinción para el caso de las declaraciones electrónicas, por ello reitero la importancia de observar esta regla al momento de cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto. Hasta el momento el SENIAT no ha procedido a tomar en consideración este argumento, sin embargo ténganlo presente.

Las personas naturales también pueden escoger en dividir el pago del impuesto autoliquidado en dos (2) porciones, en este caso, la primera debe ser cancelada conjuntamente con el registro y declaración de impuesto, de acuerdo a las consideraciones argumentadas en el párrafo anterior; y la segunda porción, debe cancelarse veinte (20) días continuos después del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración de rentas respectiva. Tal vez aquí radica un poco la confusión con el pago de la primera o única porción del tributo. Como puede observarse, el parámetro utilizado como punto de partida para la segunda porción, lo constituye el vencimiento del plazo reglamentario para presentar la declaración, que es el 31 de marzo de 2014. No hace referencia para el cálculo de los veinte (20) días, el momento en que efectuó el primer pago, que fue al momento de presentar la declaración, aquí la Administración Tributaria optó por tomar en cuenta es el 31 de marzo para fijar las porciones restantes, independientemente del día en que efectuó el pago de la primera porción.

Por ello, el pago de la segunda porción debe efectuarse hasta día 21 de abril de 2104, ya que el día 20 de abril cae día domingo (día inhábil) prorrogándose hasta el día hábil siguiente.
Por último, si el contribuyente escoge por tres (3) porciones, la primera se pagará conjuntamente con el registro y declaración definitiva, la segunda, veinte (20) días consecutivas después del vencimiento del lapso para la presentación de la declaración de rentas respectiva, y la tercera cuarenta (40) días continuos después del vencimiento del lapso para la presentación de la declaración de rentas, es decir el 31 de marzo de 2014. Venciendo este último el día 12 de mayo de 2014, por haber caído el día 10 de mayo un día sábado (Inhábil) y prorrogándose hasta el día hábil siguiente.

Es importante resaltar, que los plazos y fechas aquí señaladas, aplica exclusivamente para los contribuyentes no calificados como sujetos pasivos especiales por el SENIAT, ya que de ser así, deberán seguir los calendarios de presentación y pago de las declaraciones conforme lo indica la Providencia Administrativa que fija su calendario de cumplimiento de estas obligaciones.

Debe tenerse presente, si el contribuyente presenta la declaración fuera del 31 de marzo de 2014, pierde la facilidad de pago dada por la Providencia antes señalada, debe pagar la totalidad del impuesto en una (1) sola porción, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones e intereses de mora correspondientes.

La falta de pago, el pago incompleto o el pago fuera del término del vencimiento de alguna de las porciones, hará exigible la totalidad del saldo adeudado y se impondrán la sanciones e intereses correspondientes

9. Debe recordarse la obligación que poseen las personas naturales domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, de incluir dentro de sus rentas gravables las provenientes del exterior, es decir, que si el contribuyente domiciliado recibe ingresos por arrendamientos de inmuebles ubicados en el exterior, recibe intereses por cuentas mantenidas en bancos extranjeros, ingresos que reciba por servicios prestados en el exterior, etc, todos ellos deben declararse en Venezuela determinando sus rentas de manera separada (las Rentas Nacionales y las Rentas Extranjeras). Luego, ambas rentas positivas deben sumarse para obtener la renta global o mundial para luego determinar su base imponible y posterior tarifa.

En caso de la determinación de la renta extranjera sea negativa (pérdida), no podrá rebajársela de la renta nacional, la primera, se mantendrá así para el próximo ejercicio, en este caso gravará solo la renta fiscal nacional.

10. Debe recordarse la obligación que poseen las persona naturales, referida a la presentación de la declaración informativa de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal (Paraísos Fiscales). La personas que tengan inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a través de persona interpuesta, en sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversión, y cualquier forma de participación en entes con o sin personalidad jurídica, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversiones, así como cualquier otra figura jurídica similar, creada o constituida de acuerdo con el derecho extranjero, que se encuentren ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal, deberán presentar dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable, una declaración informativa electrónica de las inversiones que durante el ejercicio fiscal hayan realizado o mantengan en estas jurisdicciones, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta.

Los montos deben registrarse en bolívares, calculados a la tasa de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio gravable 2013. Los contribuyentes deberán mantener a disposición del SENIAT, toda la documentación que respalde su contenido, tales como estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro documento que constituya un soporte de la inversión realizada.

Las naciones reconocidas por el SENIAT como paraísos fiscales, están definidas en la Providencia 0238 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.924 de fecha 26 de abril de 2004, dentro de las cuales tenemos: Aruba, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Bermudas. Belice, Kuwait, Qatar, Granada, Hong Kong, Isla Caimán.

La sanción que nos señala el Código Orgánico Tributaria por la Omisión en la presentación de esta declaración informativa, es de 1.500 Unidades Tributarias, equivalentes a Bs. 160.500,00, y para el caso de presentarla con retardo, la multa es de 500 unidades tributarias, equivalentes a Bs. 53.500,00, tomando en cuenta el valor de la Unidad Tributaria de Bs. 107,00.

No presentar la declaración definitiva de rentas del ejercicio 2013, está sancionado por incumplimiento de  un deber formal cuya cuantía está representada en diez (10) unidades tributarias equivalentes a Bs. 1.070,00. También se cometería un ilícito material, si esa declaración omitida arroja pago de impuesto, en este caso, la multa por omisión en el pago del tributo estará sancionado con multa de 25% a 200% del tributo no pagado. La sanción normalmente aplicable es el 112,5% del tributo omitido. Luego hay que convertir esa multa en porcentaje, en unidades tributaria conforme al artículo 94 parágrafo segundo del COT. Como vemos concurriría un ilícito material y un ilícito formal, la multa más alta le sumamos la mitad de la más baja y esa será la sanción total por ambos ilícitos (Art. 81 del COT).

Adicionalmente, se estaría causando un interés de mora por no pagar el tributo determinado en la declaración omitida, de conformidad con el artículo 66 del COT.

En caso de presentar la declaración en forma extemporánea, es decir después del 31 de marzo de 2014, se incumple igualmente un deber formal sancionado con cinco (5) unidades tributarias, equivalentes a Bs. 535,00. En caso de que la declaración extemporánea arrojara pago de impuesto y este también fue cancelado en forma tardía, origina la comisión de una infracción tributaria material, sancionada con multa del 1% del tributo pagado fuera del plazo reglamentario.

Igualmente para este último caso, también se generaría intereses de mora por el pago con retraso del tributo adeudado, desde el 01 de abril de 2014 hasta el momento del pago de la obligación, conforme lo describe el artículo 66 antes señalado.

Luego hay que convertir esa multa en porcentaje, en unidades tributaria conforme al artículo 94 parágrafo segundo del COT. Como vemos concurriría un ilícito material y un ilícito formal, la multa más alta le sumamos la mitad de la más baja y esa será la sanción total por ambos ilícitos (art. 81 del COT).

Con toda esta información, espero haber contribuido en colmar algunas interrogantes que se te plantean al momento de preparar la declaración definitiva de rentas del ejercicio 2013. 

Nos encontramos en próximas entregas.